Gustavo Petro confirmó Consejo de Seguridad para evaluar riesgos de los precandidatos presidenciales

Tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel UribeTurbay el lunes 11 de agosto, el panorama político y electoral de Colombia ha sacudido profundamente.

Al día siguiente de que se confirmara su fallecimiento, se convocó un Consejo de Seguridad extraordinario en la Casa de Nariño, para analizar nuevas estrategias que garanticen la protección de quienes participan en la contienda por la Presidencia.

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El objetivo central será examinar las medidas necesarias para que los aspirantes a la Presidencia no corran riesgo mientras hacen su campaña, según señaló la Secretaría para las Comunicaciones de la Presidencia.

El encuentro está programado para horas de la tarde del martes 12 de agosto y convocará al Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la dirección del Ejército Nacional y la Policía, quienes definirán las acciones a seguir.

Aunque esta reunión se planeó inicialmente para el lunes 11 de agosto, fue pospuesta.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, explicó el motivo del aplazamiento y mencionó que su entidad continúa investigando las fallas del esquema de seguridad de Uribe Turbay, especialmente tras el atentado sicarial sufrido el sábado 7 de junio en un evento de campaña en Fontibón, en la ciudad de Bogotá. Rodríguez confirmó: “Seguimos estudiando las fallas que presentó el esquema de seguridad”.

En respuesta al ataque que terminó con la vida del senador, varios precandidatos han detenido sus actividades proselitistas. Particularmente, los cuatro aspirantes del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín, han manifestado que no tendrían las garantías para participar en el certamen electoral bajo las actuales condiciones de seguridad.

El director de la UNP se pronuncia sobre el esquema de seguridad de Miguel Uribe

La distribución del equipo encargado de proteger a Miguel Uribe Turbay la tarde del ataque estuvo marcada por “lamentables coincidencias”, según admitió el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

Esta afirmación resurge tras confirmarse el fallecimiento del precandidato presidencial, quien recibió disparos el sábado 7 de junio en el parque El Golfito, durante un acto político en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Conforme a las declaraciones en una rueda de prensa, Rodríguez destacó que, pese a la tragedia, la entidad revisó los procesos y aseguró: “Nosotros hemos revisado todos nuestros procesos, nuestros protocolos y hemos encontrado que cumplimos con todo lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tendrían que estar”.

Sin embargo, reconoció que la distribución de los agentes de seguridad aquella jornada no se ajustó al protocolo habitual porque, en coordinación con Uribe Turbay, algunos se desviaron para atender asuntos personales y familiares.

“Habían unas personas que estaban trasnochadas, ya que trabajaron con el senador hasta altas horas de la madrugada del día anterior”, detalló Rodríguez, quien también señaló que “otras personas se quedaron cubriendo a su núcleo familiar”.

El director de la UNP afirmó: “Lo correcto es siempre cubrir a la persona que es el protegido principal, y la extensión de las medidas al núcleo familiar se hace después de cubrir a esa persona principal. Allí no lo hizo así, sino que se distribuyeron seis personas”.

Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría mantienen abiertas investigaciones para esclarecer las circunstancias precisas en torno al esquema de seguridad dispuesto ese sábado 7 de junio.

De forma paralela a la actualización de estas pesquisas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró una rueda de prensa en la que abordó la seguridad para otros precandidatos presidenciales.

Sánchez señaló: “La amenaza está latente. Lo importante aquí es evaluar el riesgo, identificarlo muy bien y tomar medidas para mitigar. Las medidas dependen no solamente de la persona, sino también del lugar”. Confirmó a la opinión pública que los protocolos fueron revisados en colaboración con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y la UNP.