Colombia frente al reto energético, el costo oculto de decirle adiós al petróleo y el carbón: tambalea el PIB

La transición energética en Colombia ya no es un debate lejano, sino un proceso en marcha que empieza a dejar huellas visibles en la economía. El cierre de operaciones como el de Prodeco, la reducción a la mitad de la actividad del Cerrejón y la disminución en exploración de pozos petroleros son ejemplos de que el cambio avanza, aunque sus consecuencias aún no se dimensionen del todo.

De acuerdo con Jorge Guerra, profesor de economía de la Universidad de los Andes, “para bien o para mal, la transición energética ya empezó y sus efectos económicos son inmediatos”, dijo a El Nuevo Siglo.

El académico advierte que las regiones más dependientes de combustibles fósiles serán las más afectadas, lo que podría profundizar las desigualdades territoriales. Solo en el Cesar, por ejemplo, se estima que la economía caería un 20% y el empleo un 4,7% si la actividad minera y petrolera continúa en retroceso.

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Los datos respaldan esta alerta. Según el libro Los retos económicos de la transición energética, elaborado por la Universidad de los Andes, los sectores de hidrocarburos y minería aportaron entre el 5% y el 25% de los ingresos del Gobierno nacional desde 2010. Ecopetrol, en particular, llegó a contribuir con hasta el 60% de esos recursos. Una reducción del 50% en este sector podría provocar una caída del PIB de 8,7%, una disminución del empleo de 4,1% y una pérdida de ingresos tributarios de hasta 10,9%.

Ante este panorama, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet) insistió en que el país no puede prescindir de los hidrocarburos sin una estrategia gradual y bien diseñada. Su director ejecutivo, Óscar Ferney Rincón, lo resume así: “el éxito de la industria es fundamental para la generación de recursos, reduciendo la presión sobre las cuentas fiscales, impulsando el desarrollo territorial y destinando mayores montos a la inversión social, especialmente en las regiones productoras”.

El impacto económico del sector es innegable. Entre 2020 y 2024 representó en promedio el 31% de las exportaciones y el 15% de la inversión extranjera directa. Solo en 2024 se registraron regalías por $8,1 billones, y para el bienio 2025-2026 se proyectan inversiones por $30,9 billones provenientes de estas mismas regalías.

Estos fondos, sumados a los dividendos de Ecopetrol y a la tributación del sector, financian infraestructura, salud, educación, ciencia y tecnología en todo el país, beneficiando tanto a territorios productores como a los que no lo son.

Sin embargo, la transición energética plantea un dilema, cómo avanzar hacia fuentes más limpias sin desfinanciar al Estado ni frenar el desarrollo de las regiones. Sectores como el agrícola, el turismo o la industria alimentaria han sido señalados como posibles sustitutos del petróleo y el carbón, pero su crecimiento histórico indica que necesitarían entre 15 y 20 años para alcanzar el nivel de aportes del sector fósil. Y no todas las regiones se recuperarían por igual, aquellas con economías poco diversificadas podrían seguir en números rojos, incluso si otros sectores crecen.

Por eso, Acipet llama a consolidar una alianza efectiva entre el Gobierno nacional, las autoridades locales, la industria y los gremios. El objetivo es mantener el sector como una palanca estratégica para financiar el gasto público, mientras se construye una transición energética justa, escalonada y sostenible.

El documento académico también enfatizó la necesidad de una planeación a 20 o 30 años, donde los combustibles fósiles sigan siendo parte de la ecuación mientras se fortalecen alternativas. Esto implica diversificar la economía, garantizar estabilidad tributaria, invertir en investigación y desarrollo de sectores con alto potencial y gestionar la reconversión laboral hacia empleos formales.

El reto no es menor, sin un plan claro y sostenible, los riesgos de pérdida de ingresos, desempleo y caída del PIB podrían materializarse en menos de una década. La experiencia internacional muestra que una transición energética exitosa requiere no solo metas ambientales, sino un esquema fiscal robusto y políticas adaptadas a las particularidades de cada territorio.

En Colombia, donde la brecha entre regiones es amplia y las finanzas públicas dependen en gran parte de los hidrocarburos, el camino deberá ser prudente y meticulosamente planificado. La discusión no es si habrá transición, sino cómo se llevará a cabo sin dejar atrás a quienes hoy dependen de este sector para vivir.