Paro campesino persiste en Ventaquemada y afecta el comercio pese al fin de las protestas mineras

Aunque el paro minero en Boyacá llegó a un acuerdo y se levantó tras cuatro días de protestas, el paro campesino en Ventaquemada y otros municipios cercanos persiste, afectando severamente el comercio y la movilidad en la vía Bogotá-Tunja.

Samuel Torres, comerciante en Ventaquemada, denuncia que desde el sábado 2 de agosto no puede surtir su carnicería debido a los bloqueos que mantienen paralizado el tránsito y el comercio local.

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“Estamos perdiendo (…) desde el sábado no se ha podido surtir el negocio”, dijo mientras mostraba los estantes vacíos.

La principal razón del mantenimiento de los bloqueos campesinos radica en la falta de acuerdo sobre las demandas en torno a los páramos, especialmente la derogación de la delimitación establecida durante la administración de Juan Manuel Santos, que prohibió actividades agropecuarias por encima de los 3.000 metros de altura.

Esta medida afecta directamente a municipios como Güicán, El Cocuy, Chiscas y El Espino, donde la cría de ganado y el cultivo de papa quedaron prohibidos, lo que genera gran malestar en las comunidades campesinas.

Además, los campesinos exigen la revisión de los incrementos en el impuesto predial tras la actualización catastral y la definición clara de los tiempos para implementar los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reconoció avances en las negociaciones, pero aclaró que el proceso sigue abierto. Se prevé que este viernes 8 de agosto se retomen las conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo definitivo.

Mientras tanto, el paro continúa dejando pérdidas millonarias y un marcado desabastecimiento, con productos agrícolas que se pierden en las zonas de cultivo y ventas en los comercios locales reducidas casi a cero.

Por su parte, el acuerdo logrado con los mineros incluye compromisos sobre la transición energética, formalización de productores y el pago de deudas pendientes, pero no abarca los reclamos campesinos sobre la protección de los páramos ni la prohibición a la exportación de carbón a Israel.

Los bloqueos en Ventaquemada y Tunja mantienen incomunicada la región con Cundinamarca, y aunque los manifestantes permiten el paso en ciertos momentos, las vías permanecen interrumpidas durante horas, afectando a conductores y comerciantes.

En paralelo, en Santander, se levantó la protesta de los volqueteros en el sector de La Gómez, Sabana de Torres, luego de más de cuatro horas de negociación con las autoridades y el Consorcio Ortiz, empresa encargada de las obras en la Ruta del Sol.

La manifestación había bloqueado una vía crucial para la región, afectando la movilidad y la economía local.

La protesta surgió tras la suspensión de contratos a 32 trabajadores, lo que dejó sin ingresos a sus familias. Como resultado, se acordó instalar una mesa de alto nivel el próximo 22 de agosto, que reunirá a entidades gubernamentales, representantes laborales, la empresa y la comunidad, con el fin de buscar soluciones estructurales a los conflictos laborales.

El Consorcio Ortiz se comprometió a entregar una respuesta definitiva sobre la reanudación de órdenes de servicio para los volqueteros el 8 de agosto, con la posibilidad de que los contratos se reactiven a partir del 11 de agosto.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, destacó la importancia de mantener la coordinación entre las instituciones para garantizar la seguridad y prevenir futuros bloqueos en esta arteria vital para la economía regional y nacional.

Además, señaló que esta experiencia servirá como modelo para manejar conflictos laborales en otros proyectos de infraestructura en la región, enfatizando la necesidad de diálogo constante y soluciones oportunas para evitar afectaciones prolongadas a la movilidad y a los sectores productivos.

Los campesinos de todo el país esperan recuperar su estabilidad económica tras largas jornadas de paro que han afectado diversas regiones de Colombia. Se espera que todos los gremios logren conciliar sus demandas con el Gobierno durante las próximas reuniones, para avanzar hacia soluciones que beneficien a las comunidades y al desarrollo nacional.