A medio lustro del inicio de una de las emergencias sanitarias más determinantes del siglo, Colombia todavía intenta comprender —y absorber— las lecciones que dejó el COVID-19. Un equipo de más de 60 investigadores, reunido en el proyecto Ágora y liderado por la Pontificia Universidad Javeriana con respaldo del Ministerio de Ciencias, dedicó los últimos años a analizar cómo reaccionó el sistema de salud ante una crisis sin precedentes.
Lejos de limitarse a revisar estadísticas, esta investigación se adentra en los aprendizajes, aciertos y fallos que marcaron el manejo del virus durante 2020, cuando el país pasó de una relativa normalidad al estado de excepción sanitaria en cuestión de días. Una de las primeras medidas que se instauró, y que todavía genera debate, fue acudir a centros médicos únicamente en casos urgentes. Esa decisión, justificada en su momento para evitar la saturación hospitalaria, tuvo consecuencias que aún se sienten.
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La expansión rápida de las unidades de cuidados intensivos (UCI) fue una de las grandes fortalezas. Según cifras del Ministerio de Salud, el país logró pasar de 5.000 a 13.000 camas UCI en su punto más crítico, una maniobra que evitó un colapso total. Zulma Cucunubá, investigadora principal del proyecto Ágora, epidemióloga y directora del Instituto de Salud Pública de la Javeriana, señaló que esa capacidad de respuesta permitió salvar miles de vidas. Sin embargo, advierte que “esa misma expansión de las capacidades hospitalarias” tuvo un costo, durante varios meses, se relegaron servicios esenciales como la atención al cáncer y a enfermedades crónicas, cuyas consecuencias ahora se reflejan en diagnósticos más tardíos y mayor carga para el sistema.
Las cifras actuales hablan por sí solas. El incremento de pacientes con enfermedades no tratadas a tiempo, sumado a los casos posCOVID, disparó los costos y la demanda de servicios en comparación con los años previos a la pandemia. “Las demandas de salud de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, artritis, asma y enfermedades pulmonares crónicas, en este momento son mucho más grandes que lo que había antes de la pandemia”, afirmó Cucunubá.
El impacto no fue homogéneo. Regiones históricamente desatendidas sufrieron un deterioro aún mayor, se redujeron las campañas de vacunación, mermó la capacidad hospitalaria y se frenaron los programas de prevención. Esas brechas evidencian la urgencia de repensar el sistema de salud desde una perspectiva más equitativa y preventiva.
Con la mirada puesta en el futuro, el proyecto Ágora propone que el país no solo se prepare para nuevas pandemias, sino que consolide una estructura que garantice continuidad en la atención, incluso en medio de crisis. Una de las apuestas clave es mejorar el uso de los datos. Para Cucunubá, se necesita “generar un sistema de arquitectura y gobernanza de datos a nivel individual que permita generar análisis de mayor detalle en tiempo real”. Aunque Colombia produce una gran cantidad de datos en salud, aún carece de una infraestructura robusta que permita analizarlos de forma ágil y efectiva.
Otra recomendación del estudio apunta a dignificar la labor del personal sanitario que trabaja en los territorios, especialmente quienes lideran procesos de vacunación, promoción y prevención. “El reconocimiento laboral de los equipos de salud público, aquellas personas que están en territorio”, es fundamental para garantizar continuidad y preservar la experiencia adquirida. Hoy, ese capital humano está en riesgo, la precariedad laboral amenaza con borrar la memoria institucional construida durante la emergencia.
Cinco años después, queda claro que el sistema respondió, pero también quedó al descubierto todo lo que necesita mejorar. Lo urgente ya no es solo prepararse para lo que viene, también saldar las deudas pendientes con los pacientes actuales, los territorios olvidados y el personal que sostuvo la primera línea de atención.
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