Una propuesta del Gobierno nacional que busca eliminar el requisito de dominio de un idioma extranjero para los embajadores designados por vía política ha generado una fuerte polémica en el servicio exterior colombiano.
La iniciativa, aún en fase de borrador, pero cuya aprobación parece inminente, ha sido duramente cuestionada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, que advierte un posible retroceso institucional, un debilitamiento de la meritocracia y un incentivo al clientelismo.
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El presidente de la asociación, Julián Silva, expresó en entrevista con W Radio que esta medida pondría en riesgo la profesionalización del cuerpo diplomático y crearía una desigualdad de condiciones entre los embajadores de carrera y los de designación política.
“Parece un poco absurdo que la gente de carrera tenga que cumplir con más y más requisitos, mucho más exigentes y más altos que lo que eventualmente van a ser sus jefes”, sostuvo.
Actualmente, quienes ingresan a la carrera diplomática deben superar un riguroso proceso de selección que incluye el dominio de un idioma extranjero —nivel B2 según el Marco Común Europeo de Referencia—, un título profesional y un concurso público.
Para llegar a ser embajador, el camino exige una trayectoria de al menos 25 años, evaluaciones anuales de desempeño, y aprobación de exámenes periódicos, incluidos nuevamente los de idiomas.
En contraste, la propuesta del Gobierno plantea que los embajadores nombrados directamente por el presidente —sin pasar por la carrera diplomática— no estén obligados a acreditar ningún nivel de idioma, ni siquiera básico.
Esto, según Silva, rompe con el principio de igualdad y desincentiva el esfuerzo de quienes se preparan durante décadas para representar al país.
El Gobierno ha argumentado que la eliminación del requisito busca abrir espacio a personas de sectores sociales históricamente excluidos.
Sin embargo, Silva cuestiona esta lógica, afirmando que en realidad “la medida excluyente es ampliar la discrecionalidad de este gobierno o de cualquier otro para nombrar a sus funcionarios”.
En otras palabras, sin los filtros actuales, las designaciones tenderán a favorecer aún más a personas cercanas al poder político, sin garantías de preparación adecuada.
Uno de los puntos más delicados del debate gira en torno a la capacidad comunicativa de los embajadores en contextos internacionales. Silva enfatiza que la ausencia de dominio de una lengua diplomática como el inglés o el francés no puede suplirse con traductores.
“Solamente algunas, muy pocas reuniones multilaterales cuentan con traducción simultánea. Pero las negociaciones de los instrumentos, de las declaraciones y de las resoluciones se hacen en espacios que no tienen estas facilidades”, explicó.
Además, advirtió que en un escenario de crisis financiera global que afecta también a organismos internacionales, los servicios de traducción suelen ser los primeros en ser recortados. “Se asume que los diplomáticos deben manejar al menos el inglés como lengua común”, recalcó.
La Asociación Diplomática y Consular ha iniciado un análisis jurídico de la propuesta, con miras a interponer acciones legales que frenen la implementación de esta medida.
El comité jurídico de la asociación ya ha identificado posibles contradicciones legales, especialmente en lo que respecta a los principios de igualdad y especialidad que rigen el acceso a cargos públicos.
Para Silva, la vía para democratizar y diversificar el servicio exterior no pasa por eliminar requisitos, sino por fortalecer los procesos meritocráticos y abrir más oportunidades dentro del sistema actual.
Recordó que cualquier colombiano de nacimiento con título universitario y dominio de una lengua extranjera puede participar en el concurso anual de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, el cual constituye la puerta de entrada al servicio exterior profesional.
“Lo que necesitamos es más formación, más acceso, más apoyo para que personas de todos los sectores puedan prepararse y entrar a la carrera diplomática. Lo otro es abrir la puerta al clientelismo y al debilitamiento institucional”, advirtió.
El debate, por ahora, sigue abierto. Mientras el Gobierno insiste en que su propuesta apunta a la inclusión, sectores diplomáticos alertan sobre el riesgo de desprofesionalizar un área clave para la representación del país ante el mundo
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