Ministras de Ambiente y Agricultura llegaron a Boyacá para buscar soluciones al paro minero y al bloqueo de vías

El Gobierno nacional, en compañía de autoridades departamentales, instaló la mesa de diálogo en Ventaquemada, Boyacá, con delegados de las comunidades campesinas de la región.

La iniciativa busca encontrar salidas concertadas ante el paro minero y los bloqueos viales que, desde el 4 de agosto, afectan el departamento y parte de Cundinamarca.

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El equipo gubernamental que arribó al emblemático Puente de Boyacá está encabezado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, la ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

También se sumaron a este espacio Felipe Harman, director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y otros representantes del Ejecutivo, entre ellos los ministros de Hacienda y Minas y Energía, que esperan sumarse a las conversaciones.

El paro minero y los bloqueos de vías han generado complicaciones logísticas y humanitarias en diferentes municipios de Boyacá y en zonas limítrofes con Cundinamarca.

Según reportes oficiales, la circulación ha estado restringida, con paso habilitado de vehículos solo una vez durante el 5 de agosto. Esta disposición ha producido un considerable represamiento de alimentos, leche y productos de primera necesidad.

El gobernador Carlos Amaya informó que actualmente se encuentran represadas 450 toneladas de alimentos y 420.000 litros de leche, que esperan ingreso y distribución hacia sus destinos.

Además, ocho camiones que transportan comida para 4.000 personas privadas de la libertad permanecen a la espera de autorización para avanzar. El funcionario solicitó a los manifestantes permitir cruces intermitentes, al menos tres veces al día, para evitar que la situación humanitaria se agrave.

La protesta, impulsada por mineros y campesinos, cuenta con respaldo de diferentes sectores productivos del departamento. Los bloqueos apegan la movilidad y han tenido un impacto tanto en la actividad económica local como en el acceso a servicios fundamentales.

Las ministras de Agricultura y Ambiente lideran la delegación oficial encargada de avanzar en las negociaciones con los voceros campesinos y mineros del área. El objetivo central de la mesa de diálogo es construir acuerdos que hagan posible levantar el paro y restaurar el tránsito normal en las carreteras.

Uno de los temas centrales de la agenda es la atención de las solicitudes del sector carbonero, que ha sido uno de los principales promotores de las movilizaciones. A la par, el Gobierno se comprometió a trabajar con las poblaciones afectadas para encontrar mecanismos de solución a las problemáticas estructurales que aquejan al sector rural de la región, incluyendo acceso a tierras, precios de insumos, garantías para la venta de sus productos y condiciones dignas para el desarrollo de la actividad minera y agropecuaria.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, cumple funciones como jefe de la cartera encargada tras la salida de Lena Estrada de esta cartera. Vélez, junto a otros funcionarios, convocó a escuchar las necesidades de las comunidades y explicó que el Gobierno busca “abrir un diálogo genuino, con atención a las preocupaciones locales y respeto a los derechos de todos los sectores”.

Marta Carvajalino, al mando de la cartera de Agricultura, indicó por su parte que la instrucción es clara respecto a priorizar el bienestar de la población y habilitar corredores humanitarios que permitan el libre paso de alimentos, implementos médicos y productos de alta necesidad.

La Gobernación de Boyacá, desde su Puesto de Mando Unificado (PMU), alertó que los bloqueos impedían el paso no solo de camiones de carga, sino de ambulancias y otros vehículos vinculados a la asistencia humanitaria. La falta de movilidad ha generado retrasos en la atención de emergencias médicas y en el traslado de personal sanitario y pacientes en algunos municipios.

La situación mantiene en alerta a las autoridades departamentales y municipales, que insisten en la necesidad de garantizar el mínimo vital y la seguridad alimentaria. Organismos de control y de derechos humanos hacen presencia en la zona para monitorear los efectos del paro y mediar en la búsqueda de acuerdos.