La Fiscalía General de la Nación confirmó que solicitó formalmente a Interpol la emisión de una circular roja para lograr la captura de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que estaría implicado como autor intelectual en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con las autoridades, González se encuentra prófugo de la justicia y residiría actualmente en Managua, Nicaragua. Aunque la solicitud fue enviada desde el 4 de julio, la Interpol aún no ha emitido ni confirmado oficialmente la orden de captura internacional.
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La Fiscalía sostiene que Carlos Ramón González fue el cerebro de una red criminal al interior de la Ungrd, la cual se habría aprovechado de las declaratorias de emergencia y calamidad pública para direccionar contratos a cambio de sobornos.
Estos dineros fueron, presuntamente, entregados a congresistas de alto nivel, con el fin de asegurar el respaldo político a las reformas del Gobierno nacional en el Congreso de la República.
En el centro de la investigación están contratos millonarios para la adquisición de carrotanques y tanques de almacenamiento de agua potable destinados a La Guajira, una de las regiones más afectadas por la pobreza y la falta de acceso al agua. De estos convenios se habrían derivado coimas por más de $4.000 millones, distribuidas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Según el testimonio de Olmedo López, exdirector de la Ungrd y uno de los principales testigos del caso, Carlos Ramón González le habría dado instrucciones directas para entregar sobornos con recursos públicos.
La Fiscalía presentó evidencias de al menos dos reuniones celebradas en el tercer piso de la Casa de Nariño, entre septiembre y octubre de 2023, donde González habría definido los montos y destinatarios de las coimas.
“Me dijo que tenía que cumplir con unos compromisos con el presidente del Senado y la Cámara: $60.000 millones a Name y más de $10.000 millones a Calle en contratos”, declaró López ante la Fiscalía.
Como no había tiempo para concretar esos contratos, habrían acordado la entrega directa de $3.000 millones a Name, a través de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, y $1.000 millones a Calle.
El 3 de julio, el magistrado Leonel Rogeles, del Tribunal Superior de Bogotá, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. El delito de lavado de activos fue excluido, decisión que fue apelada por la Fiscalía.
De ser hallado culpable por todos los cargos inicialmente planteados, Carlos Ramón González podría enfrentar penas de más de 30 años de prisión. Su abogado defensor, Iván Cancino, manifestó que no existen pruebas suficientes y acusó a la Fiscalía de “creerle a una mentira” de Olmedo López.
Silencio de Interpol
A pesar de la gravedad de los hechos y de la solicitud oficial, Interpol no ha respondido a la petición de circular roja para localizar y capturar a González. La Fiscalía, a través de un comunicado firmado por la fiscal María Cristina Patiño, informó que el trámite fue radicado ante la oficina de Interpol en Colombia, pero hasta la fecha no ha habido pronunciamiento alguno.
Esta situación generó indignación entre representantes de las víctimas, como el abogado Pablo Bustos, que representa a comunidades Wayuu afectadas por el desfalco.
Bustos exigió celeridad en la captura del exfuncionario y cuestionó la falta de diligencia internacional frente a un caso que compromete la gestión de recursos para la población más vulnerable del país.
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