El compromiso de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd), de brindar asesoría técnica y acompañamiento a las comunidades de La Guajira que aún esperan acceso al agua, al igual que el pago de una multa de $724 millones, formaba parte de un acuerdo judicial que ahora ha quedado en entredicho, tras la decisión tomada el lunes 4 de agosto por una jueza de la República. Y en el que se contemplaba el pago de seis años y dos meses de prisión.
En efecto, la togada negó el principio de oportunidad pactado entre el exdirectivo, considerado uno de los testigos estrellas del caso en mención, que quedó al descubierto por el sobrecosto en la compra de 40 carrotanques para este departamento, y la Fiscalía General; lo que podría causar un efecto dominó que amenazaría con desmoronar uno de los casos de corrupción más grandes en el actual Gobierno.
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Según reveló El Colombiano, la determinación de la jueza estaría soportada en aparentes deficiencias en el procedimiento del ente acusador, lo que pone en riesgo tanto los beneficios penales para López como la validez de sus delaciones, que han sido determinantes para la captura del exfuncionario, nombrado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y vinculación de altos funcionarios del Ejecutivo.
El acuerdo frustrado contemplaba no solo la colaboración de López como testigo crucial en el caso, además una serie de medidas de reparación simbólica y material dirigidas a las comunidades guajiras; algunas de las cuales ya habían suscitado controversia. El exdirector se había comprometido a delatar a otros implicados en la trama, incluyendo a funcionarios de mayor rango, a cambio de beneficios judiciales.
Sin embargo, según fuentes consultadas por el citado medio, la Fiscalía incurrió en errores en la argumentación al solicitar el principio de oportunidad, lo que debilitó la sustentación ante la jueza y derivó en la negativa. Una decisión que había anticipando, en cierto modo, el abogado defensor de López, José Luis Moreno: que en sus redes sociales publicó al menos dos mensajes dado visos de lo que ocurriría.
“Metafóricamente, el señor Olmedo López es como un acordeón que se abre y se cierra, revelando las notas más profundas y sinceras de una canción. Pero esas notas solo pueden ser escuchadas si el instrumento se mantiene intacto, protegido del daño. Sin la protección adecuada, su música se perdería en el caos, ahogada por la amenaza latente, como una espada de Damocles”, dijo Moreno en su perfil de X.
¿Qué implicaciones tiene la decisión tomada en los tribunales sobre Olmedo López?
El impacto inmediato de esta decisión radica en que todas las delaciones realizadas por López, que hasta ahora habían permitido la captura y emisión de órdenes de captura contra figuras como la exconsejera de las regiones Sandra Ortiz y el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, que sigue sin comparecer físicamente, podrían quedar sin efecto judicial.
Además, los ministros y exministros implicados por los testimonios de López, como es el caso de Ricardo Bonilla, extitular de Hacienda, que es investigado por el organismo judicial, aún deben responder ante la justicia; pero la negativa al principio de oportunidad deja en suspenso la posibilidad de que la Fiscalía los acuse utilizando esa información, toda vez que no está protegida por este acuerdo.
Mientras tanto, la defensa de López estaría preparando un fuerte comunicado tras la negativa judicial, que habría dejado en vilo el curso de las investigaciones. Es oportuno decir que la Fiscalía aún no ha emitido una comunicación oficial sobre la decisión; como tampoco la Corte Suprema, que lleva a cabo procesos relacionados con los congresistas, como los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
Todo esto se conoció en la jornada en la que María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro Bonilla, compareció ante la Sala de Instrucción del alto tribunal y mencionó a al menos siete congresistas que habrían incurrido en delitos al negociar contratos en las regiones a cambio de votos favorables para proyectos o solicitudes del Ejecutivo; con lo que promete causar un fuerte remezón jurídico.
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