El pasado 29 de julio, una decisión judicial marcó un nuevo capítulo en el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La juez 66 de control de garantías de Bogotá ordenó la reclusión de César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública y figura cercana a Gustavo Petro, junto a otras siete personas implicadas en el desvío de contratos millonarios.
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Según informó Semana, la captura de Manrique Soacha se materializó en la mañana del 1 de agosto, aunque posteriormente borraron dicha afirmación.
Sin embargo, otros medios, como Blu Radio, aseguran que Manrique no se presentó a la citación y está siendo buscado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía.
El caso se suma a la condena previa que ya enfrentaba el funcionario por el conocido escándalo de las motos eléctricas durante la administración en la Alcaldía de Bogotá del hoy presidente Gustavo Petro.
El proceso involucra presuntas irregularidades en contratos suscritos desde la Ungrd, órgano encargado de la gestión de emergencias en el país.
De acuerdo con la publicación, la supuesta captura fue un paso relevante dentro de la estrategia de la justicia colombiana para desmontar una red de corrupción que, según las investigaciones, abarcaba a varios exfuncionarios.
En el fallo judicial, la juez afirmó que existían “elementos materiales probatorios suficientes para determinar la participación activa de los implicados en el direccionamiento y apropiación indebida de recursos públicos”.
Pese a la información difundida por Semana, misma que aún no tiene una fuente oficial que confirme el hecho, Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional, denunció que, por lo contrario, Manrique no ha asistido a la diligencia judicial programada para hoy.
“#Atención César Manrique, otro de los mejores amigos de @petrogustavo, que fue condenado por el robo a la Ungrd no aparece. Hoy debía presentarse a diligencia judicial y no hay razón de él. ¿Va a pasar lo mismo que con Carlos Ramón González, el otro amigazo del presidente? Que también está fugado por corrupto (sic)“, afirmó Gómez.
Por su parte, la defensa de Manrique declaró a Semana que Manrique Soacha permanece en Bogotá, aunque sin precisar dirección, y afirmó: “no está en la obligación de entregarse a la justicia”.
La trayectoria judicial de Manrique Soacha junto a Petro tiene antecedentes que complican aún más su situación. Durante la alcaldía de Petro en Bogotá, acompañó la iniciativa de renovar el parque automotor policial con motos eléctricas, una operación que según el tribunal no se ejecutó conforme a la legalidad, resultando en una condena a diez años de prisión. Tras apelar, el juez le concedió libertad condicional mientras el Tribunal Superior de Bogotá decide su situación en firme.
No obstante, otro proceso estaba en curso. Ya como director de Función Pública en la presidencia de Petro, su nombre se vinculó con el caso Ungrd, investigación relacionada con el desvío de millonarios recursos estatales.
Según la imputación, estos fondos originalmente buscaban mitigar la escasez de agua en La Guajira, pero, siempre según la Fiscalía, terminaron formando parte de “una caja menor para el pago de sobornos a cambio de acelerar el paso de proyectos del Gobierno en el Congreso”.
Junto a Manrique Soacha, otros seis funcionarios resultaron indiciados, y el cúmulo de declaraciones acopiadas en la investigación fue fundamental en la solicitud de la medida privativa de libertad.
La Fiscalía puntualizó el rol que jugó en la gestión ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para “liberar los recursos en favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
“Barreto Gantiva acudió a su jefe político, César Manrique Soacha (…), para que, en razón de su cargo y posición política, gestionara por medio del director de la ANT, Gerardo Vega, la firma del otrosí y así liberar los recursos en favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, consignó la Fiscalía.
Mientras su defensa insiste en que no está obligado legalmente a cumplir voluntariamente la detención, otras figuras allegadas a Petro, como Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, también enfrentan dudas y cuestionamientos
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