Sigifredo López denunció que la “JEP se está convirtiendo en un tribunal de máxima impunidad”

En medio de una de las audiencias más cruciales en la historia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, irrumpió con una fuerte crítica que resonó con fuerza en el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá:

“La JEP se está convirtiendo en un tribunal de máxima impunidad”. Su denuncia no solo dejó en evidencia la frustración de muchas víctimas del conflicto armado, también puso en tela de juicio la legitimidad de las sanciones restaurativas que evalúa la JEP contra el antiguo secretariado de las Farc.

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La audiencia, programada entre el 31 de julio y el 1 de agosto, tiene como propósito verificar las propuestas de sanción presentadas por los excomandantes de la extinta guerrilla, entre ellos Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en el Caso 01, que investiga los secuestros sistemáticos cometidos por las Farc.

Esta será la primera vez que la JEP impone una sanción propia desde su creación, y se esperaba que representara un avance en materia de verdad, justicia y reparación para las más de 4.100 víctimas acreditadas en este caso.

Sin embargo, para López, que fue secuestrado por esta guerrilla en 2002 junto con otros diputados de la Asamblea del Valle —episodio que terminó en la masacre de 11 de sus colegas—, las medidas propuestas no cumplen con el espíritu del Acuerdo de Paz.

“Hemos escuchado como medidas restaurativas la construcción de una batería sanitaria. O sea, la instalación de un sanitario en una escuela. Otras hablan de la participación en un ciclopaseo, la participación en un curso sobre justicia por parte de uno de los comparecientes. ¿En qué restaura eso el proyecto de vida de las víctimas? En nada”, afirmó indignado en entrevista con El Espectador.

Su intervención interrumpió al magistrado Camilo Andrés Suárez, de la sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que explicaba el proceso hacia la sanción. Aunque el magistrado le pidió silencio, López no perdió la oportunidad para expresar públicamente su decepción con la Jurisdicción, la cual, según él, ha fallado en su misión de brindar justicia efectiva a las víctimas del conflicto.

“Con mucha decepción, con mucha tristeza, con mucha impotencia, tengo que registrar hoy que la JEP se está convirtiendo en un tribunal de máxima impunidad”, sentenció López. Y es que su inconformismo no es nuevo. Desde hace años ha cuestionado el papel de las instituciones frente al caso de los diputados del Valle, en el que incluso fue injustamente señalado como colaborador por la Fiscalía, antes de ser exonerado y recibir disculpas oficiales del Estado.

Para López, las promesas de justicia y reparación se quedaron en el papel. “Esperábamos verdad y verdaderos proyectos restaurativos. Los exFarc no han contribuido a restaurar el proyecto de vida de nadie. Le están dejando la obligación ahora al Estado de que restaure a las víctimas y aquí la JEP se está lavando las manos porque simplemente ha sido un instrumento para lavarle la cara a criminales de lesa humanidad”, denunció con contundencia.

La JEP, por su parte, defiende el proceso afirmando que más de 400 comparecientes del antiguo grupo insurgente han rendido versión voluntaria, y cerca de 800 víctimas han participado en audiencias para entregar observaciones y confrontar testimonios.

El expediente revela casos de tortura, trabajos forzados, violencia sexual y cautiverio prolongado —hay registros de personas secuestradas durante más de 14 años—, lo que eleva el nivel de exigencia sobre las medidas de reparación que deben imponerse.

Desde la Procuraduría también surgieron críticas al proceso. En declaraciones recientes, esta entidad pidió a la JEP mayor claridad y contundencia en las sanciones, señalando preocupaciones sobre la proporcionalidad y el impacto real de las medidas restaurativas propuestas.

En contraste, sectores que respaldan la justicia transicional insisten en que el modelo de la JEP no debe compararse con la justicia ordinaria, y que su propósito no es castigar con cárcel, sino lograr verdad plena, reconocimiento de responsabilidades y actos simbólicos de reparación. Sin embargo, la tensión entre estos principios y la percepción de impunidad que tienen muchas víctimas sigue siendo una de las principales tensiones del sistema.

“Yo creí en esto, salí a caminar por el Acuerdo de Paz, salí a votar en favor del plebiscito, defendí a la JEP. Pero estoy completamente decepcionado”, concluyó López.