“Después de más de ocho días hábiles, el Ministerio del Interior aún no ha respondido de fondo las solicitudes presentadas”, expuso María Fernanda Cabal al entregar su acción de tutela contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Ministerio del Interior.
La senadora argumentó que la ausencia de respuesta constituye una vulneración a sus derechos fundamentales de petición, oposición e independencia política.
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En su cuenta oficial de X, la legisladora del Centro Democrático anunció la interposición de una acción judicial tras solicitar, el 15 de julio de 2025, información oficial sobre “los vuelos y el presunto uso indebido de aeronaves oficiales por parte de Juliana Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior”.
Según detalló Cabal, a pesar de los términos legales fijados —cinco días hábiles según la Ley 5 de 1992 y la Ley 1909 de 2019— “no he recibido respuesta de fondo, incumpliendo los plazos legales establecidos”.
“He interpuesto acción de tutela contra el Departamento Administrativo de la Presidencia y el Ministerio del Interior por la violación de mi derecho fundamental de petición y el derecho a la oposición e independencia política”, señaló la también precandidata presidencial.
El documento, radicado ante un juez de Bogotá, sostiene que la omisión en la contestación de solicitudes vulnera no solo el derecho de petición, sino que afecta principios constitucionales de oposición.
“La presente acción de tutela es procedente porque nos encontramos ante una omisión por parte de las entidades accionadas, la cual consiste en no contestar dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento jurídico, solicitudes de información que la suscrita presentó ante dichas entidades el 15 de julio de 2025”, precisa la senadora en el texto legal radicado.
Cabal señaló que la única reacción oficial —por parte del Ministerio del Interior— consistió en una solicitud de prórroga, notificada el 22 de julio, la cual, según explicó, “no argumenta la necesidad y tampoco los motivos de la demora. Además, el plazo que solicita (4 de agosto de 2025) es superior al doble del inicialmente previsto”. La acción destaca la falta de un “pronunciamiento de fondo de acuerdo con el plazo establecido”.
Fundamenta su acción en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, así como en el Código de Procedimiento Administrativo y normas específicas para la oposición política, resaltando que el incumplimiento de las fechas viola garantías esenciales para el funcionamiento del control político en un régimen democrático.
En ese sentido, la legisladora citó criterios de la Corte Constitucional que determinan: “La respuesta debe ser pronta y oportuna y de contenido cualificado, es decir, debe ser clara, de fondo, suficiente, efectiva y congruente. En el evento de incumplirse alguna de dichas exigencias, se entendería vulnerado el derecho fundamental de petición, por lo que podría acudirse a la acción de tutela para reclamar su protección, como el único mecanismo judicial idóneo y eficaz habido para ese propósito”.
En su petición ante el juez, Cabal exigió se amparen sus derechos “y se ordene a las entidades accionadas a dar respuesta inmediata y de fondo a las solicitudes de información MFCM-415-2025 y MFCM-416-2025”.
Del mismo modo, demandó que el juzgado exhorte a los organismos demandados a respetar los términos establecidos en la Ley 1909 de 2018 y la Ley 5 de 1992, para garantizar el ejercicio legítimo de la oposición y el acceso a la información pública.
“El 15 de julio de 2025 presenté solicitudes formales de información sobre los vuelos y el presunto uso indebido de aeronaves oficiales por parte de Juliana Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior. Hasta la fecha, no he recibido respuesta de fondo, incumpliendo los plazos legales establecidos en la Ley 5 de 1992 y la Ley 1909 de 2019, que exigen una contestación clara y oportuna dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud”, concluyó la congresista en su cuenta de X.
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