ExFarc piden a Uribe ir a la JEP y dicen que es una “responsabilidad histórica con el pueblo colombiano”

El partido Comunes, compuesto principalmente por exmiembros de la antigua guerrilla de las Farc, solicitó públicamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez que se presente de forma voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta solicitud fue emitida por medio de un comunicado oficial, en el que se refieren al contexto judicial que enfrenta el exmandatario, recientemente hallado responsable de fraude procesal y soborno en actuación penal.

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En la declaración publicada este martes, la colectividad expresó: “Este es un buen momento para reiterar nuestro llamado al expresidente Álvaro Uribe a que se someta voluntariamente a la JEP. No como un favor a nadie, sino como una responsabilidad histórica con el pueblo colombiano”.

La petición de Comunes no se dirige únicamente a los hechos jurídicos concretos, sino que también plantea una reflexión política más amplia sobre el papel de las decisiones de Estado en el conflicto armado interno.

Según la agrupación, el propósito no sería señalar individualmente al exjefe de Estado. “Se trata de comprender un proyecto político que marcó con sangre a todo un país”, señalaron.

El partido, que actualmente hace parte del Congreso de la República, sostiene que la participación de figuras clave en la Jurisdicción podría aportar al esclarecimiento de los acontecimientos más representativos del conflicto.

Comunes ha sido uno de los actores más comprometidos en el proceso de justicia transicional surgido del Acuerdo Final firmado en 2016, y ha reiterado en distintos escenarios la necesidad de ampliar la comparecencia a diversos sectores que jugaron algún rol en el conflicto.

La Jurisdicción Especial para la Paz fue establecida como parte de los mecanismos contemplados en dicho acuerdo, con el objetivo de juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos en el marco de la guerra interna. Hasta ahora, esta jurisdicción ha avanzado en procesos judiciales contra excombatientes y agentes del Estado, y ha emitido sus primeras resoluciones en dos casos emblemáticos.

Uno de estos fallos se refiere al último secretariado de las Farc, cuyos integrantes fueron encontrados responsables de prácticas sistemáticas de secuestro. Como parte de la sanción, deberán cumplir tareas de reparación restaurativa en zonas afectadas por esos hechos. No serán enviados a centros de reclusión, de acuerdo con las condiciones previstas en el sistema de justicia transicional.

En otro proceso, también se espera una sanción contra exintegrantes del Ejército Nacional, quienes aceptaron su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales en la región Caribe. Al igual que en el caso anterior, la sanción contempla la realización de actividades comunitarias en lugar del cumplimiento de penas carcelarias.

Comunes considera que el caso del expresidente Uribe podría encajar en el modelo de la JEP si este decide acogerse voluntariamente a sus procedimientos. El sistema prevé la posibilidad de que terceros civiles o agentes del Estado no combatientes puedan someterse a la jurisdicción si demuestran una vinculación directa con los hechos investigados.

La organización política no especificó en su declaración cuáles serían los delitos o eventos concretos por los que consideran que el exmandatario debería comparecer, pero han manifestado previamente su interés en que todos los actores con poder de decisión durante el conflicto contribuyan con sus versiones.