María Alejandra Díaz, abogada crítica del régimen de Nicolás Maduro, lleva siete meses refugiada en la Embajada de Colombia

El 30 de octubre de 2024, la abogada María Alejandra Díaz presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el que reclamó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela la falta de publicación de los resultados desagregados de la elección presidencial del 28 de julio, que dio como presunto ganador a Nicolás Maduro.

Díaz fue sancionada por el TSJ, se le abrió un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados, fue suspendida en el ejercicio profesional y recibió una multa elevada.

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En enero de 2025 denunció haber recibido amenazas de detención por parte del régimen de Nicolás Maduro, por lo que el 11 de enero ingresó a la Embajada de Colombia en Caracas en calidad de refugiada. Desde esa fecha permanece en ese lugar.

Según informó El Tiempo, la jurista solicitó al régimen un salvoconducto para salir de Venezuela, pero este le fue negado en varias ocasiones.

Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, emitió un comunicado para exponer el caso de María Alejandra Díaz.

Satterthwaite solicitó que se le respeten sus derechos a la abogada Díaz y a “todos los abogados”.

“Su situación parece formar parte de un patrón más amplio de intimidación dirigido a silenciar a abogados que representan a victimas de violaciones de derechos humanos, presentan acciones de nulidad contra normativas contrarias a los derechos humanos y entablan demandas contra funcionarios que podrían estar involucrados en violaciones de derechos humanos por acción u omisión”, se lee en el comunicado.

Y agrega: “Me permito recordarle que el libre ejercicio de la abogacía es parte de los estándares de derechos humanos relativos al juicio justo”.

Marino Alvarado, defensor de derechos humanos de la ONG Provea, también se pronunció en su cuenta de X. Alvarado insistió en el derecho al asilo.

“La Constitución establece el derecho a solicitar asilo. Es al país a quien se le solicita quien debe calificar si la persona es o no una perseguida. Sin duda la abogada María Alejandra Díaz es una víctima más de la sistemática persecución por motivos políticos en Venezuela”, indicó el defensor de derechos humanos.

Quién es María Alejandra Díaz

María Alejandra Díaz es una abogada constitucionalista venezolana nacida en Caracas en 1966. Se graduó en Derecho en la Universidad Santa María y posteriormente obtuvo maestrías en Ciencias Políticas y en Derecho Constitucional Internacional y Derechos Humanos. Su carrera abarca varios espacios del ámbito jurídico, comunicacional y político en Venezuela.

Durante su trayectoria, Díaz se desempeñó como consultora jurídica en Venezolana de Televisión (VTV) y participó en la fundación de canales como TVES y Ávila TV.

También dictó clases en la Universidad Bolivariana de Venezuela y trabajó en la Corte Disciplinaria Judicial. Ocupó posiciones de responsabilidad en la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, donde fue vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva.

En 2024, tras años de cercanía al oficialismo, Díaz se distanció del gobierno de Nicolás Maduro. Asistió como abogada al Frente Democrático Popular (FDP) en un recurso judicial que exigía la publicación desagregada de los votos de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la solicitud, impuso una sanción económica a Díaz y suspendió su ejercicio profesional. Además, el tribunal pidió que el Colegio de Abogados abriera un procedimiento disciplinario por considerar que sus actuaciones pretendían alterar la estabilidad institucional.

En 2025, Díaz denunció persecución por parte de las autoridades venezolanas y la detención de familiares. Solicitó protección en la Embajada de Colombia en Caracas, donde permanece refugiada mientras gestiona un salvoconducto para salir del país.

La trayectoria de María Alejandra Díaz destaca tanto por su experiencia en medios y cargos públicos como por su posterior defensa de la transparencia electoral y los derechos constitucionales en Venezuela.