
El último informe del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP expuso que al menos 460 firmantes han sido asesinados.
De acuerdo con el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, la situación representa un golpe para la consolidación de la paz, ya que cada asesinato no solo priva a las víctimas de verdad y reparación, sino que también pone en riesgo la continuidad de futuros procesos de paz.
PUBLICIDAD
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Ramelli explicó que varias zonas del país están controladas por disidencias armadas, surgidas tras la firma del acuerdo, donde los firmantes son vetados y perseguidos, considerados “traidores” por estos grupos.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad, el saliente jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Massieu, advirtió sobre la falta de liderazgo del Ejecutivo colombiano para enfrentar la violencia persistente y la limitada presencia institucional en regiones apartadas. Massieu remarcó que, pese a los avances, la implementación del acuerdo sigue enfrentando obstáculos sustanciales, especialmente en lo relacionado con la protección de los firmantes y el acceso a los beneficios prometidos.
PUBLICIDAD

En diálogo con Infobae Colombia, Gina Díaz Lemus, trabajadora social y experta en gobierno del territorio, analizó el contexto que viven los firmantes con los fallos que tuvo el Estado a la hora de garantizar su protección.
“El Estado ha fallado en garantizar una estrategia integral. Claramente, van cargando con 50 años de guerra, unas heridas que no son fáciles de recuperar, la seguridad se planteó con los militares, pero no con comunidades y simbolismos. A los firmantes se les dejó expuestos”.
Díaz indicó que en su experiencia en los territorios vio como los imaginarios y prejuicios de la sociedad seguían latentes en los territorios, comprobando que el “buen vivir no solo era la firma”.
PUBLICIDAD
“Yo recuerdo, cuando acompañe un proceso en Putumayo, había muchas dudas, ellos estaban acostumbrados a otra vida. Pese a los imaginarios de la gente, de que los grupos armados todos consumen, realmente no, cuando ingresan a la vida civil tienen acceso a sustancias que no tenían, pero no a ejercicios de educación y demás, no se puso en el centro la importancia social”.

La trabajadora social indicó que en la implementación del Acuerdo de Paz no se registraron políticas y estrategias sostenibles.
“Las estrategias se dieron, en términos de socialización, existieron muchos esfuerzos creados con las comunidades; sin embargo, encuentro que la dificultad es sostenerlos, no solo con los firmantes, sino también del lenguaje diverso con la población civil”.
PUBLICIDAD
Para argumentar esta postura, Díaz indicó que en la mayoría de territorios se aumentó la presencia de militares, pero no de proyectos para que los firmantes se acoplaran a la sociedad de nuevo.
“Realmente, darle la fuerza a la memoria, al perdón y la reconciliación, desde una mirada no romántica. Como para sanar, era desde fortalecer los procesos de la base comunitaria para establecer diálogos de una nueva narrativa. Cuando lo pensamos desde la presencia militar, es una mirada reducida”.

En ese sentido, mencionó que no se trata de un proceso fácil, puesto que Colombia ha vivido gran parte de su historia en un conflicto interno del que no es facil alejarse.
PUBLICIDAD
“Se intentó hacer desde espacios coordinados, pero no solamente con temas, sino de sostenibilidad, para nosotros es algo nuevo la paz, vivir sin miedo y salir con tranquilidad es algo nuevo. Había que recobrar confianza de los traumas que dejó la guerra”.
Por último, cuestionó que figuras políticas sigan hablando de la guerra como una solución, puesto que solo ha aumentado el nivel de desconfianza que existe en algunas zonas de la fuerza pública.
“Siempre creemos que es el plomo la justicia, pero se tiene que pensar en algo restaurativo en el mismo territorio, desde los temas ambientales también. Lo más débil que tenemos es la confianza, más con el estallido social, que ha aumentado las brechas con la fuerza pública, las organizaciones no se sienten respaldados por ellos y se requiere pensar y reconstruir todo eso”.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Racionamiento eléctrico como el de 1992 le costaría a Colombia $30,7 billones y pondría en riesgo 210.000 empleos
la temporada seca 2026-2027 podría enfrentar una brecha de 7,8% entre la energía firme y la demanda prevista, en un contexto de bajos aportes hídricos y retrasos en nuevos proyectos de generación

Juicio por el magnicidio de Luis Carlos Galán se reanudó tras declaración de Carlos Lehder: negó conocer el plan criminal
La Fiscalía busca establecer la responsabilidad de tres procesados por el asesinato del candidato presidencial, mientras el proceso continuará con nuevas audiencias en abril de 2027. La declaración del exintegrante del cartel de Medellín también abordó el crimen de Rodrigo Lara Bonilla

Gobierno anuncia sistemas antidrones tras ataque con 9 granadas a estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander
Rodrigo Lara informó que el Ministerio del Interior participará en la reconstrucción de las instalaciones afectadas y trabajará con Defensa en nuevas medidas de protección para la Fuerza Pública

Pico y Placa en Bogotá: qué vehículos no circulan este lunes 21 de septiembre
Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Gobierno de Abelardo de la Espriella frena giro de $38.724 millones ante la Adres tras hallazgos de la Supersalud
La medida preventiva mantiene excluidos temporalmente a 26 prestadores y proveedores, mientras se verifica la existencia, consistencia y trazabilidad de las obligaciones reportadas por algunas EPS para el régimen subsidiado




