La polémica de Confecámaras: denuncias por presuntos despilfarros en restaurantes, homenajes y altos salarios

El 16 de julio de 2025 la Superintendencia de Sociedades informó que inició un procedimiento administrativo destinado a revisar el uso de los fondos recibidos por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) a través de la gestión del Registro de Garantías Mobiliarias.

Esta medida contempla la recolección y evaluación de información en áreas como finanzas, contabilidad, administración, economía y aspectos jurídicos, y se centra en fiscalizar ingresos que alcanzan cerca de 18.000 millones de pesos anuales vinculados a esta labor.

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Sin embargo, en medio de toda la polémica, Semana informó sobre un mensaje de correo electrónico enviado a responsables de las cámaras de comercio del país que expuso denuncias e inconformidades por el manejo financiero y la falta de acceso a información clave en la administración de Confecámaras bajo el liderazgo de Julián Domínguez Rivera.

En este, reclaman la ausencia de informes detallados sobre gastos, salarios y honorarios, que incrementa las dudas en torno a la gestión de recursos que suman miles de millones de pesos, principalmente por la administración del Registro de Garantías Mobiliarias.

Según informó el medio, entre los aspectos que más inquietan destacan los pagos, al parecer, empresas relacionadas con excongresistas para actividades en el Congreso, cifras que suman cerca de 178 millones de pesos solo en el primer semestre del año.

Llaman la atención los presuntos contratos a firmas equivocadas, como el caso de una compañía contratada para facturación electrónica, pero que finalmente recibió 24 millones de pesos por concepto jurídico completamente ajeno a la contratación original, informó el medio.

Presunto despilfarro

El respaldo financiero para tiquetes aéreos también desató críticas. Uno de los casos más controvertidos involucró a un presidente ejecutivo de cámara en Caldas, beneficiado con apoyos por casi 112 millones de pesos en seis meses, cifra señalada como excesiva por otros directores regionales, que estiman que sus propios desplazamientos no sobrepasan los 15 millones de pesos anuales.

Otras partidas relevantes incluyen gastos superiores a 130 millones de pesos en restaurantes de alto nivel en Bogotá en un cuatrimestre, en eventos donde participaron representantes del Ministerio de Comercio y Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información.

Un homenaje

Documentos internos, conocidos por el medio, revelaron además desembolsos por 40 millones de pesos para organizar un homenaje a un magistrado, cubriendo alquiler, logística y hospedajes, lo que intensificó la crítica de sectores internos.

En ese homenaje, Julián Domínguez expresó: “Hablar del doctor Portocarrero es hablar de un hombre que ha construido su camino con disciplina y la convicción firme de que la justicia no es un privilegio, sino un derecho de todos”.

Las cámaras de comercio más pequeñas urgen a Confecámaras a transferir mayores recursos para fortalecer actividades empresariales en las regiones, y demandan respuestas sobre el uso y destino de los fondos, especialmente cuando parte importante del presupuesto proviene de las garantías mobiliarias, con ingresos superiores a 18.000 millones de pesos anuales.

La Superintendencia tomó cartas en el asunto

En medio del malestar, la Superintendencia de Sociedades abrió un proceso administrativo sobre el manejo de los recursos de la confederación por la gestión del Registro de Garantías Mobiliarias.

El procedimiento abarca la recolección y análisis de información financiera, contable, administrativa, económica y jurídica, con el objetivo de vigilar la legalidad en la administración de sumas millonarias.

Pese a la gravedad de las denuncias, fuentes de la presidencia de la confederación, de decir de Domínguez, niegan cualquier irregularidad y afirman que “no es verdad que se le haya negado información a la junta directiva y que los gastos han sido transparentes, a pesar de que se trata de recursos privados y de una entidad regida por el derecho privado”. Además, la administración atribuye la polémica a “una estrategia de difamación”.

Ahora, la atención se dirige a la próxima reunión de junta directiva donde algunos miembros esperan exigir explicaciones mientras otros consideran aplazarla o respaldar al presidente en medio del escándalo.