Juicio Álvaro Uribe: esta es la cronología del caso contra el expresidente que, tras más de una década, llegará a su fin

El próximo lunes 28 de julio de 2025, la jueza 44 penal con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, dará a conocer el sentido del fallo en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, que enfrenta cargos por presunta participación en fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

El caso que ha llevado al líder del Centro Democrático a juicio tiene raíces profundas y un desarrollo que abarca más de una década. Todo comenzó el 16 de septiembre de 2011, cuando el senador Iván Cepeda entrevistó a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

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Monsalve relató detalles sobre la supuesta conformación del Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, y vinculó al expresidente con la masacre de San Roque en los años 90. En reacción a estas declaraciones, Uribe Vélez, en 2012, denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de buscar testigos falsos para relacionarlo con grupos paramilitares.

La Corte Suprema archivó la denuncia contra Cepeda en 2018 y, en un giro inesperado, abrió una investigación contra Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. El 8 de octubre de 2019, el exmandatario rindió indagatoria ante el alto tribunal y quedó formalmente vinculado a la investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Diez meses después, el 4 de agosto de 2020, la Corte ordenó su detención domiciliaria tras analizar más de 27.000 pruebas de audio y un documento de 1.500 páginas elaborado bajo la dirección del magistrado César Augusto Reyes. Uribe cumplió la detención en su finca El Ubérrimo, en Córdoba, en plena pandemia de Covid-19.

El 18 de agosto de 2020, Uribe renunció a su curul en el Senado, lo que le hizo perder el fuero que permitía a la Corte Suprema investigarlo. El caso pasó entonces a la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Francisco Barbosa. Tras 66 días de detención domiciliaria y una audiencia de más de 20 horas, una juez de Control de Garantías le concedió la libertad el 10 de octubre de 2020.

El ente acusador, a través del fiscal Gabriel Jaimes, solicitó el 5 de marzo de 2021 la preclusión de la investigación, argumentando que no existían pruebas que demostraran que Uribe Vélez había sido el “determinador” de los hechos o que hubiera ordenado al abogado Diego Cadena ofrecer sobornos y ayudas jurídicas a exparamilitares para fabricar testimonios contra Cepeda. El 6 de abril de 2022, la juez negó la preclusión y ordenó profundizar la investigación. El fiscal Javier Cárdenas reiteró la solicitud de preclusión el 29 de julio de 2022, pero la juez 41 Penal del Circuito la rechazó el 23 de mayo de 2023, y el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión el 6 de octubre de ese año.

Durante este periodo, la Fiscalía experimentó cambios internos: un fiscal renunció y otro se declaró impedido por haber manifestado opiniones favorables sobre el exmandatario en columnas de prensa. La llegada de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo marcó un nuevo rumbo. El 9 de abril de 2024, coincidiendo con el Día de las Víctimas de la Violencia en Colombia, el órgano de control presentó el escrito de acusación contra Uribe Vélez, añadiendo un tercer delito: soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno.

El 17 de mayo de 2025 se inició la audiencia de acusación y el 6 de febrero de 2025 comenzó formalmente el juicio. Según la Fiscalía, Uribe Vélez fue el “determinador” de los “peregrinajes carcelarios” del abogado Diego Cadena, que habría buscado testigos falsos contra Iván Cepeda. Más de 35 testigos del organismo y cerca de 40 de la defensa comparecieron en audiencias prolongadas.

Entre ellos, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo central en el proceso, que sostuvo bajo declaración juramentada: “No conozco a Álvaro Uribe Vélez”. Con ese manifiesto, marcó un punto de inflexión en el juicio que enfrenta al expresidente colombiano. La contundencia de su afirmación, pronunciada durante una de las extensas audiencias, resonó en un proceso judicial que puso a prueba los cimientos del sistema político y judicial de Colombia.

Durante los alegatos finales, la fiscal Marlene Orjuela solicitó condena para Uribe Vélez, petición respaldada por las víctimas. Al respecto, la defensa del líder del Centro Democrático denunció que la Fiscalía ocultó pruebas sobre las conversaciones entre Juan Guillermo Monsalve e Iván Cepeda. A su vez, sostuvo que a lo largo del proceso se demostró que no hay evidencias que relacionen al exsenador Uribe Vélez con los delitos.

En el curso de la diligencia, el 27 de julio de 2025, el representante de la Procuraduría, Bladimir Cuadro, destacó que basándose en los alegatos de la Fiscalía General de la Nación no encuentra una coherencia en el caso. Según dijo, no hay una relación sólida entre la manera en la que se desarrollaron los hechos y las peticiones jurídicas solicitadas por la fiscal Marlenne Orjuela que pidió que condenaran al exgobernador por los delitos previamente enunciados.

“Actualmente, el Ministerio Público quiere resaltar la manera en cómo la falta de coherencia entre la comunicación fáctica y la jurídica de los hechos planteados en la acusación de este caso, si bien no tienen incidencia en las garantías procesales como se concluye”.

Y agregó: “Si la tuvieron en los aspectos probatorios producidos en este juicio, pues no es causal la exigencia a que los hechos jurídicamente relevantes sean claros, no solo para regular el contenido de la imputación y de la acusación, sino también que define y limita el derrotero probatorio a seguir en las hipótesis de la Fiscalía y Defensa, pues con base en ellos primero se edifican o derrumban cada teoría del caso, que incluso aquí fueron planteadas de forma alternativa”.