
Mientras el país enfrenta una creciente preocupación por la sostenibilidad de su abastecimiento de gas, el Ministerio de Minas y Energía comenzó a trazar nuevas rutas para enfrentar lo que ya se considera un déficit estructural. Desde revisar contratos vigentes hasta facilitar la importación del energético, las medidas buscan sortear una coyuntura que, según reconocen en la misma cartera, no surgió de un día para otro.
Uno de los mayores desafíos, según Jorge Andrés Cristancho Gómez, asesor del despacho ministerial y delegado para temas de energía e hidrocarburos, es el estancamiento en la exploración de las áreas ya asignadas. Aunque hay contratos firmados, “el 51% de las áreas asignadas para exploración tienen poca o nula actividad”, advirtió. Esa inercia, sumada a una caída del 64% en las reservas durante los últimos 12 años, pone presión sobre el sistema energético colombiano.
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La hoja de ruta que se perfila contempla, además, acelerar proyectos de infraestructura que permitan importar gas natural en el corto y mediano plazo. Cristancho confirmó que se están evaluando catorce proyectos de regasificación, de los cuales al menos cuatro podrían entrar en operación entre 2026 y 2027, aportando entre 100 y 300 millones de pies cúbicos diarios a la demanda nacional. Entre estos, figura uno en Coveñas, cuya inspección está prevista para el 29 de julio.
Sin embargo, estas iniciativas no avanzan solas. Requieren ajustes regulatorios que el ministerio ya discute con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Uno de los puntos más sensibles es que buena parte de los proyectos en carpeta implica reconvertir oleoductos activos —y no desusados, como contemplaba la normativa original— lo cual demanda una revisión profunda de los marcos técnicos y jurídicos.
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“La metodología que se había aprobado fue pensada para oleoductos en desuso. Este no es el caso, así que necesitamos adaptaciones específicas”, explicó Cristancho en el último encuentro con Naturgas. Y agregó que también se trabaja en un marco regulatorio a largo plazo para el gas en Colombia, que ya no se limite a proyecciones a 5 o 10 años, sino que contemple escenarios de hasta dos décadas.

El Gobierno reiteró que su política energética sigue firme en dos pilares, no firmar nuevos contratos de exploración ni permitir el ‘fracking’. En consecuencia, el enfoque está puesto en recuperar eficiencia en los contratos ya existentes y en desarrollar alternativas viables para asegurar la autosuficiencia.
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Uno de los frentes más prioritarios es el proyecto Sirius, el mayor hallazgo reciente de gas en Colombia. Aunque no logró ser declarado oficialmente como de interés nacional, el Ministerio le dará ese tratamiento. “En las próximas semanas vamos a crear un comité interinstitucional que tendrá dedicación exclusiva para sacar adelante este proyecto porque sabemos que es prioritario para el país”, anunció Cristancho.
En paralelo, se afinan propuestas para regular el mercado secundario del gas, con el fin de reducir la especulación y los precios en momentos de escasez como el actual. “Ya estamos trabajando en estas limitaciones para que podamos tener un mercado más transparente y eficiente”, explicó.
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Además, el ministerio está coordinando con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) una revisión detallada de contratos vigentes y posibles cuellos de botella que impiden avanzar en producción. Parte del trabajo también apunta a mejorar la calidad y la estandarización de la información disponible, un tema que, según Cristancho, mostró fallas evidentes al inicio de esta administración.
Finalmente, se reforzarán los incentivos al recobro mejorado, una técnica que ya representa más del 60 % de las nuevas incorporaciones de reservas. Con ese esfuerzo y el impulso a la infraestructura de importación, el Gobierno espera estabilizar la oferta de gas mientras se define el futuro energético del país.
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