“Se declararon preocupados no solo por el sentido del fallo sino por la severidad de la sanción”, afirmó un vocero de la oficina de abogados que representa a los ejecutivos condenados de Chiquita Brands en el proceso judicial que los vincula con el financiamiento de grupos armados ilegales en Colombia.
La declaración, recogida por El Tiempo, refleja el estado de ánimo de los siete directivos sentenciados a más de once años de prisión y a una multa superior a 13.000 millones de pesos, en una de las decisiones judiciales más relevantes de los últimos años en torno a la relación entre empresas multinacionales y el conflicto armado colombiano.
La sentencia, dictada por la jueza Diana Lucía Monsalve, recae sobre cuatro ejecutivos extranjeros de Chiquita Brands:
- Charles Dennis Keiser, economista de 73 años y oriundo de Pensilvania (Estados Unidos).
- John Paul Olivo, contador público de 66 años, nacido en Chicago (Estados Unidos).
- Fuad Alberto Giacoman Hasbún, administrador de empresas de 61 años, originario de San Pedro de Sula (Honduras).
- José Luís Valverde Ramírez, ingeniero de 70 años, de Costa Rica.
A ellos se suman tres colombianos:
- Reinaldo Elías Escobar, abogado de Santa Marta.
- Víctor Julio Buitrago Sandoval, exoficial del Ejército nacido en Bogotá.
- Álvaro Acevedo González, tecnólogo electrónico de 71 años, oriundo de Medellín.
Todos fueron hallados responsables de haber financiado a la organización criminal de las autodefensas durante la década de los 90, según detalló el medio mencionado.
La juez Monsalve fue categórica al anunciar que no se concederá prisión domiciliaria ni suspensión de la pena a los condenados.
Además, una vez la sentencia quede en firme, se expedirán las órdenes de captura correspondientes.
“Ya fueron notificados”, enfatizó la funcionaria judicial, en una decisión que marca un precedente en la lucha contra la impunidad empresarial en el contexto del conflicto armado colombiano.
Los apoderados de los siete condenados ya recibieron la notificación oficial y, a su vez, comunicaron a sus clientes el contenido de la sentencia.
La reacción de la defensa no se hizo esperar. El vocero autorizado de la oficina de abogados expresó a El Tiempo que, además de la preocupación por la severidad de la sanción, la defensa interpondrá un recurso de apelación. “Por supuesto, va a apelar la sentencia dentro del término legal”, aseguró el representante legal, quien también manifestó que desde el inicio del proceso han sostenido la extemporaneidad del mismo y la prescripción de los hechos investigados.
La defensa de los ejecutivos de Chiquita Brands ha insistido en que, a su juicio, los delitos imputados no constituyen crímenes de lesa humanidad y que el proceso ya habría prescrito.
No obstante, anticiparon que el eje central de la apelación será la inocencia de los ejecutivos. “Vamos a solicitar en la apelación que se les absuelva bajo los mismos criterios jurídicos con los que se absolvió a los ejecutivos de Banacol. De hecho, varias evidencias que se tuvieron en cuenta para no condenarlos fueron aportadas por esta defensa”, explicó el vocero autorizado a El Tiempo.
El antecedente de Banacol resulta clave en la estrategia de la defensa. En ese caso, la justicia absolvió a Javier Ochoa Velásquez, exgerente de planeación y proyectos de Banacol hasta 2004; Víctor Manuel Henríquez Velásquez, presidente ejecutivo de Banacol S.A. y miembro de la Junta Directiva hasta 2018; y Jorge Alberto Cadavid Marín, exvicepresidente financiero de Banacol.
La juez consideró que la prueba presentada no logró desvirtuar la presunción de inocencia de estos tres exdirectivos.
En palabras de la sentencia, “Los argumentos de los vínculos entre los sindicatos, el hecho notorio, el conocimiento de los vínculos entre los servicios especiales y las AUC, así como el destino de los aportes y el señalamiento de Hasbún, fueron refutados por la defensa de Banacol, generando duda insalvable de tal magnitud que dejó al despacho sin otra alternativa diferente a la emisión de un fallo absolutorio”.
La defensa de los ejecutivos de Chiquita Brands busca que se apliquen los mismos criterios jurídicos que permitieron la absolución de los directivos de Banacol, argumentando que las pruebas y circunstancias son comparables.
Algunos abogados de víctimas del paramilitarismo en la región de Urabá sostienen que el proceso prescribirá en dos meses. Sin embargo, la sentencia establece como fecha de prescripción noviembre de 2028, lo que otorga un margen considerable para la ejecución de la condena y la tramitación de los recursos legales pendientes.
En Estados Unidos, la multinacional ya pagó una indemnización de 25 millones de dólares (aproximadamente 97.000 millones de pesos) por sus vínculos con organizaciones criminales, en el marco de un proceso administrativo.
Este contraste entre la aceptación de responsabilidad en Estados Unidos y la defensa de la inocencia en el proceso penal colombiano ha sido uno de los puntos más señalados por las víctimas.
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