La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realiza en Valledupar la primera Audiencia Pública de Verificación para revisar los compromisos de 12 exintegrantes del Batallón La Popa que aceptaron su responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas en Cesar y La Guajira.
La diligencia marca un paso clave hacia la imposición de las primeras sanciones restaurativas del tribunal de paz.
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El 24 y 25 de julio, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP lleva a cabo la primera Audiencia Pública de Verificación dentro del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en estos departamentos.
En esta diligencia participan más de 200 víctimas acreditadas, autoridades étnicas y 40 entidades del Estado, lo que convierte este evento en un momento decisivo del proceso judicial. El objetivo central es evaluar si los exmilitares procesados cumplen las condiciones necesarias para que se impongan sanciones propias, las cuales tienen un carácter restaurativo y buscan reparar los daños ocasionados durante el conflicto armado.
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El llamado del presidente de la JEP
Durante la apertura de la audiencia, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, resaltó la importancia de garantizar que las sanciones no queden en el papel y cuenten con respaldo logístico y financiero por parte del Estado:
“Vamos a 17 autoridades nacionales, departamentales y municipales con el fin de que expliquen y se comprometan a hacer todos los apoyos técnicos, logísticos y económicos para que las sanciones sean viables. Lo que menos queremos son sentencias de papel que no se puedan cumplir y esta audiencia es muy importante para que precisamente se verifique que estén todas las condiciones para que las sentencias que tendrán que salir 30 días o 20 días antes de que termine la audiencia pues efectivamente”, explicó Ramelli.
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El magistrado también subrayó el valor de la diligencia al realizarse en Valledupar, epicentro de los hechos investigados: “Estar hoy aquí tiene un sentido profundamente simbólico. Damos inicio a una audiencia pública que marca un paso decisivo hacia la imposición de las primeras sanciones restaurativas de la JEP”, afirmó.
Máximos responsables y proyectos restaurativos
En este subcaso se procesan 12 exintegrantes del Batallón La Popa, incluyendo dos mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales. Todos ellos han reconocido su responsabilidad por 135 asesinatos y desapariciones forzadas, conocidos en el país como “falsos positivos”.
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Durante la audiencia se analizarán nueve proyectos restaurativos diseñados en diálogo con las víctimas, quienes plantearon cómo debería ser una reparación ajustada a sus necesidades y expectativas de futuro.
El proceso también involucra a las entidades del Gobierno, convocadas para presentar los compromisos institucionales que garantizarán la implementación y sostenibilidad de estas iniciativas.
Este punto es fundamental para que las sanciones se materialicen y no queden como promesas incumplidas, como mencionó el presidente de la JEP. Entre las instituciones que tendrán parte en el cumplimiento de la sentencia están los ministerios de Justicia, Defensa y Cultura, el Departamento de Prosperidad Social, la Unidad de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras.
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En ese sentido, la audiencia se desarrolla en dos jornadas:
- 24 de julio: evaluación de los aportes de los comparecientes a la verdad.
- 25 de julio: análisis de los compromisos relacionados con la reparación y los proyectos restaurativos.
Una vez concluido este proceso, la Sección de Reconocimiento de Verdad podrá avanzar hacia la emisión de la primera sentencia restaurativa del Caso 03, lo que definirá la situación jurídica de los exmilitares imputados.
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