
El informe de la Secretaría de Salud de Manizales reveló que la saturación en clínicas y hospitales ha rebasado la capacidad instalada, en algunos casos superando el 100%.
Este colapso llevó a las autoridades municipales a solicitar auxilio inmediato al Ministerio de Salud, con el objetivo de evitar un agravamiento en la atención médica de la región.
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De acuerdo con información de la administración de Manizales decretó una “alerta hospitalaria”, lo que habilita a las autoridades a emplear medidas jurídicas excepcionales para mitigar las consecuencias derivadas del colapso en el sistema de urgencias.
David Gómez, secretario de Salud municipal, explicó: “Estamos en una situación muy crítica en la ciudad. Encontramos que los servicios de urgencias están totalmente colapsados con una situación muy crítica. Es por eso que, pues, decretamos una alerta en salud porque la situación es realmente preocupante”.

La inspección realizada por la secretaría en las IPS de la ciudad, es decir, las Instituciones Prestadoras de Salud, arrojó resultados alarmantes. El reporte confirmó ocupaciones superiores al 100% en varios centros médicos, tanto públicos como privados.
Esta condición ha producido demoras significativas en la atención de urgencias y en la oferta de servicios básicos, con flujos de pacientes que superan con creces la capacidad física y operativa de los establecimientos.
El responsable de la salud municipal identificó como principal causa de la crisis la falta de flujo de recursos por parte de las EPS (Entidades Promotoras de Salud), actores centrales en el sistema sanitario colombiano.
Según afirmó Gómez, “este colapso es por la falta de pago de las EPS y la falta de entrega de medicamentos”. El funcionario puntualizó que retrasos reiterados en el pago y la no provisión de insumos fundamentales han profundizado el deterioro en la calidad y oportunidad de la atención médica.

La administración de la ciudad, en respuesta a la situación, presentó una acción popular cuya finalidad es exigir el pago y la transferencia de recursos por las EPS a las clínicas y hospitales locales.
Paralelamente, la Alcaldía de Manizales elevó varios requerimientos escritos al Ministerio de Salud, denunciando la gravedad del panorama y demandando una intervención urgente. Funcionario municipales enfatizaron que la situación requiere, en palabras del secretario Gómez, “que el Ministerio intervenga lo más pronto posible en esta crisis”.
En medio de este contexto, los equipos de inspección de la Secretaría de Salud continuaron el monitoreo en tiempo real del estado de las instituciones de salud, documentando la llegada constante de nuevos pacientes y la imposibilidad logística de recibir más personas en necesidad de atención prioritaria.
Los reportes indican que el incremento en las consultas, sumado a la escasez de medicamentos e insumos médicos esenciales, originó no solo largas esperas sino, en algunos casos, pacientes sin posibilidad de ingreso a la red asistencial.

El modelo de aseguramiento y financiamiento de la salud en Colombia establece que las EPS cumplen el papel de intermediarios entre el sistema público y los prestadores de servicios médicos, recibiendo fondos estatales y canalizándolos hacia las IPS.
De acuerdo con las autoridades municipales, la cadena de pagos se ha visto interrumpida, generando un efecto dominó sobre la disponibilidad presupuestaria para personal, servicios, materiales y equipos imprescindibles en la atención clínica.
El llamado de las autoridades de Manizales coincide con una preocupación creciente en otras regiones del país, donde han surgido reclamos similares sobre atrasos en los pagos de las EPS y dificultades para el abastecimiento de medicamentos.
Según ha señalado la administración local, la situación en la ciudad ha escalado a niveles críticos, lo que ha impedido la realización regular de intervenciones quirúrgicas y generado complicaciones en pacientes que requieren atención inmediata.
A través de comunicados oficiales y cartas dirigidas al Ministerio, la Alcaldía enfatizó la urgencia de medidas estructurales que permitan reactivar los giros de recursos y la provisión efectiva de medicamentos a las IPS.
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