Serían liberados funcionarios de la Gobernación del Cauca secuestrados por el bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc: esto dijo el grupo terrorista

En horas de la noche del martes 22 de julio de 2025 se difundió un comunicado del Bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc en el que se anuncia el inicio de los protocolos para poder realizar la liberación de 9 contratistas de la Gobernación del Cauca que fueron secuestrados el 17 de julio del presente año en el municipio de López de Micay, en el Pacífico en ese departamento.

“A partir de hoy a las 18:00 horas, inició el protocolo para la liberación de los 9 funcionarios retenidos por las Farc-Ep, esperamos que la fuerza pública cumpla con el compromiso de replegarse por 72 horas para así garantizar las condiciones mínimas de seguridad”, señala el documento de la organización.

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Aprovecharon la misiva para enviar un parte de tranquilidad a familiares y allegados a las personas sobre sus condiciones. Contaron que a pesar del acto del que fueron víctimas están en óptimas condiciones de salud: “Enviamos un mensaje a los familiares y amigos de los funcionarios y contratistas retenidos por nuestra organización pese a los operativos que se desarrollaron en el área están sanos y salvo han sido tratados de la mejor manera posible y se les ha brindado todo lo necesario, lamentamos la instrumentalización de la Gobernación del Cauca”.

Confirmaron que la razón de esta detención fue la vinculación de estos ciudadanos a un proceso de aprovisionamiento de equipos militares, y le atribuyeron la máxima responsabilidad de los hechos a “el gobernador Octavio Guzmán y la secretaria de gobierno Maribel Perafán, al vincularlos a un proyecto de aprovisionamiento militar, por más de $4.120 millones, que no corresponde con sus funciones”.

En un segundo punto de la comunicación que da continuidad a lo recién mencionado, es que las disidencias reconocieron que desde el departamento se confirmó que se iba a poner un alto al proceso del proyecto de aprovisionamiento de tecnología militar, pero, esto no basta para los delincuentes, por lo que tomaron la decisión de prohibir el ingreso de miembros de la administración y cualquier movimiento en territorio donde están asentadas las facciones de este grupo debe ser consultado con anterioridad:

“Restringir el ingreso de cualquier funcionario o contratista de la gobernación a las áreas de presencia y control de las Farc-Ep, cualquier pretensión de ingreso deberá ser tramitada y consultada”.

Como siguiente punto pidieron a la Gobernación del departamento que cumplan con el procedimiento de alertar al Ministerio de Defensa sobre las conductas irregulares de algunos integrantes de la fuerza pública y los grupos al margen de la ley como los paramilitares y relaciones “entre el general Federico Mejía, el Sargento Berrio y las Autodefensas Campesinas de Ortega, y las operaciones coordinadas en el macizo con el Frente Manuel Vásquez Castaño, donde han asesinado a varios civiles en medio de las unidades del Ejército, alianzas de la que tenemos evidencias y hemos presentado ante los medios de comunicación”.

No obstante, le pidieron al jefe departamental, Octavio Guzmán, que detenga las actividades de extracción minera en la región del macizo colombiano y evacue todos los equipos para tal fin que tiene alojados en predios de su propiedad y de algunos familiares, ya que desde la Gobernación como entidad negó este tipo de acciones.

Por último, se dirigieron a los medios de comunicación para que den inicio a una investigación en la que el blanco sea el proceder del Guzmán con contratos de compraventa como el Nro. 1948-2025 DCSGP-CD-RESERVA-2025 y el proyecto con código BPIN20250000002243, todas sus propiedades que serían utilizadas para la extracción, además, de los vínculos con las instituciones públicas y los grupos armados.