Como una victoria frente a lo que según ella eran las intenciones del presidente de la República, Gustavo Petro, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal confirmó el miércoles 23 de julio que fue admitida por parte del Consejo de Estado la demanda de nulidad contra el llamado ‘decretazo’: con el que el jefe de Estado pretendía convocar a una consulta popular.
Aunque el documento, el 0639 del 11 de junio de 2025, ya fue derogado por el primer mandatario de los colombianos, como parte de los compromisos que estableció con la plenaria del Senado, a cambio de que se aprobara -en gran medida- el proyecto de ley de reforma laboral, la congresista opositora celebró que el alto tribunal revise este recurso: que podría traer serias repercusiones en caso de encontrarse ilegalidades.
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“El Consejo de Estado ha admitido mi demanda de nulidad al Decreto 0639 contra la consulta popular nacional, expedida ilegalmente por Petro y firmada por sus ministros, que han sido denunciados penalmente. Esperamos que el Consejo de Estado, así como las altas cortes, continúen en su misión de proteger la Constitución y la libertad de los colombianos”, afirmó Cabal en sus declaraciones.
¿Por qué es importante decisión del Consejo de Estado?
En efecto, pese a que con el Decreto 0703 del 24 de junio del 2025 quedó sin efectos la convocatoria que había hecho Petro por vía administrativa, aun pasando por encima de la plenaria del Senado de la República, la importancia de la demanda de nulidad interpuesta por Cabal es que podría originar procesos penales contra los 15 ministros titulares y cuatro encargados, en caso de que se demuestren irregularidades en su expedición.
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Es válido destacar que en el llamado ‘decretazo’, el ministro del Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, expuso en su momento cinco presuntas situaciones que, en su análisis, llevaron al Ejecutivo a expedirlo. Pese a que en la votación efectuada en el Legislativo la proposición fue hundida por una votación de 49 a 47, en la misma jornada en la que se ‘revivió’ la reforma laboral que había estado archivada dos meses.
Entre las anomalías detectadas por Montealegre se encontraban la omisión de la lectura de la proposición, el cierre de la votación, la modificación del voto de un congresista, las discrepancias entre el número de senadores y los votos emitidos, y la omisión en el trámite de la apelación presentada por María José Pizarro a la decisión final, rechazada de tajo por el entonces presidente del Congreso, Efraín Cepeda.
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No obstante, en medio de la discusión legal que surgió desde ese día, y de la determinación del registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, de abstenerse de convocar el mecanismo de participación ciudadana hasta tanto no hubiera pronunciamiento del Consejo de Estado, el ‘decretazo’ fue derogado: y todo porque en la sesión del 18 de junio, el Senado accedió a la propuesta de Petro y aprobó la reforma laboral.
Estos fueron los ministros que firmaron el ‘decretazo’ de Gustavo Petro:
- Armando Benedetti Villaneda: ministro Del Interior
- Rosa Yolanda Villavicencio Mapy: ministra encargada de Relaciones Exteriores
- Germán Ávila Plazas: ministro de Hacienda
- Augusto Alfonso Ocampo Camacho: ministro encargado de Justicia
- Pedro Arnulfo Sánchez Suárez: ministro de Defensa
- Martha Viviana Carvajalino Villegas: ministra de Agricultura
- Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez: ministro de Salud
- Antonio Eresmid Sanguino Páez: ministro de Trabajo
- José Luciano Sanín Vásquez: ministro de Minas encargado
- Diana Marcela Morales Rojas: ministra de Comercio
- José Daniel Rojas Medellín: ministro de Educación
- Christian David Díaz Bulla: ministro de Ambiente encargado
- Helga María Rivas Ardila: ministra de Vivienda
- Julián Molina Gómez: ministro de Tecnologías de la Información
- María Fernanda Rojas Mantilla: ministra de Transporte
- Yanai Kadamani Fonrodona: ministra de Cultura
- Patricia Duque Cruz: ministra del Deporte
- Ángela Yesenia Olaya Requene: ministra de Ciencia
- Carlos Alfonso Rosero: ministro de Igualdad
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