Los colombianos podrían quedarse sin pasaportes desde septiembre del 2025, alertó la Contraloría: “No encontramos que existan garantías”

Retrasos en citas, largas filas y una creciente incertidumbre sobre la expedición de pasaportes han comenzado a afectar a millones de colombianos, justo cuando la fecha límite del 1 de septiembre se acerca sin que exista certeza sobre la continuidad del servicio.

La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes citó a la ministra de Relaciones Exteriores encargada, Rosa Villavicencio, para que explique si la impresión de pasaportes estará garantizada a partir de esa fecha.

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La crisis se origina en la inminente expiración del contrato con Thomas Greg & Sons, actual proveedor del servicio, y la falta de preparación de la Imprenta Nacional para asumir la producción de estos documentos bajo un modelo estatal.

La Contraloría General de la República advirtió que el riesgo de incumplimiento en la expedición de pasaportes es inminente.

En una misiva dirigida al gobierno del presidente Gustavo Petro, el organismo de control señaló que la Imprenta Nacional no cuenta con los aliados estratégicos ni con la preparación necesaria para asumir la producción desde el 1 de septiembre del 2025, fecha en que debe implementarse el nuevo esquema.

Según la Contraloría, esta situación amenaza el derecho fundamental a la libertad de locomoción de los ciudadanos.

El convenio interadministrativo firmado el 18 de julio entre la Imprenta Nacional y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores establece que la Imprenta será responsable de la producción, personalización, custodia y entrega de las libretas de pasaporte y etiquetas de visa con zona de lectura mecánica.

Sin embargo, la Contraloría insiste en que no se ha superado la situación de riesgo, pues el cronograma de cooperación con la Casa de Moneda de Portugal, considerado el principal aliado estratégico en esta transición, no se ha cumplido y no existen contratos firmados que garanticen la continuidad del servicio.

El contralor delegado para la gestión pública, Luis Enrique Abadía García, afirmó que, aunque se haya firmado el convenio, la Imprenta Nacional requiere entre siete y ocho meses de preparación antes de poder iniciar la producción.

“No encontramos que existan garantías para la continuidad de prestación del servicio”, declaró Abadía García, quien advirtió que, de no adoptarse medidas extraordinarias, es inminente la concreción del riesgo de afectación de la libertad de locomoción consagrado en la Constitución de 1991.

El contrato actual con Thomas Greg & Sons finaliza el 31 de agosto, y hasta el momento no se han suscrito nuevos contratos ni por parte de la Imprenta Nacional ni del Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar la expedición de pasaportes a partir de septiembre.

La Cancillería sostiene que la entrega de pasaportes se realiza con normalidad, aunque reconoce que el proceso de empalme con la Casa de Moneda de Portugal no alcanza ni la mitad del avance necesario.

De acuerdo con estimaciones oficiales, se requieren al menos 35 semanas de trabajo conjunto antes de que la Imprenta pueda operar plenamente, lo que extiende el plazo mucho más allá del 1 de septiembre.

El impacto institucional de esta crisis se refleja en la salida de varios altos funcionarios.

Laura Sarabia, exjefa de gabinete y exsecretaria general de la Presidencia, dejó la Cancillería tras advertir que el proceso estaba en riesgo y que, sin una prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons, se pondría en peligro el derecho al pasaporte de millones de colombianos.

Antes de ella, la Procuraduría destituyó al excanciller Álvaro Leyva el 24 de enero de 2024 por irregularidades en la licitación de la impresión de pasaportes, imponiéndole una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos.

La Sala Disciplinaria de Instrucción advirtió que Leyva habría continuado ejerciendo funciones pese a la suspensión ordenada.

La Contraloría reiteró que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional “se encuentran en latente riesgo de incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 5 del artículo 25 del Decreto 869 de 2016”.

En consecuencia, ordenó adoptar acciones autónomas para mitigar el riesgo y evitar la afectación del servicio público, advirtiendo sobre las graves implicaciones sociales que podría tener una interrupción en la expedición de pasaportes.

En un pronunciamiento reciente, Abadía García explicó que la Contraloría puede emitir dos tipos de pronunciamientos en el marco del control concomitante y preventivo: la alerta de control interna, cuando se detecta un riesgo sobre la prestación del servicio, y la función de advertencia, cuando hay un riesgo claro frente a la afectación de recursos públicos.

“Lo que hacemos en esta oportunidad desde la Contraloría es emitir una alerta de control interno, porque vemos en latente riesgo la continuidad en la prestación del servicio de pasaportes para las y los colombianos”, afirmó.

Añadió que, pese a la firma del convenio interadministrativo, no existe claridad sobre los aliados estratégicos y que la Imprenta Nacional necesita entre siete y ocho meses de alistamiento para entrar a producir.