El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) enfrenta una de sus evaluaciones más críticas por parte de la Contraloría General de la República. Según los resultados de la auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2024, el organismo de control identificó 11 hallazgos fiscales por $2.308 millones, 77 disciplinarios y 2 con posible incidencia penal.
La revisión fue adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Inclusión Social e incluyó regionales en 12 departamentos, además de la Dirección General de la entidad.
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Las principales irregularidades fueron detectadas en las regionales de Santander y Antioquia, donde se evidenciaron fallas en la supervisión de contratos, manejo inadecuado de inventarios y ausencia de soportes para pagos.
En Santander, el caso más crítico corresponde al proyecto del Centro Agroecológico de San Gil, donde tras 70 meses de firmado el contrato, solo se ha ejecutado un 1,5% de la obra. La inversión fue de $1.008 millones.
Como resultado de estas deficiencias, la Contraloría no feneció la cuenta del Sena, al considerar que sus estados contables no reflejan razonablemente su situación financiera al cierre de 2024. Por ello, emitió una Opinión Negativa sobre los estados contables y una Opinión Presupuestal con Salvedades, debido a irregularidades en la constitución de reservas presupuestales sin cumplir los requisitos legales y la falta de seguimiento a la ejecución de vigencias futuras.
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Estas fallas evidencian una gestión presupuestal deficiente, en contravía del principio de anualidad que rige el uso de recursos públicos, lo cual limita la planeación y afecta la ejecución oportuna de proyectos esenciales para la formación técnica y tecnológica en el país.
Posibles delitos en contratación
A pesar de las múltiples deficiencias, la Contraloría destacó que como consecuencia de la auditoría se lograron beneficios por $4.958 millones, siendo el más significativo uno por $4.855 millones en rendimientos financieros, relacionados con un contrato de encargo para obras civiles en el Centro Agroturístico de San Gil. Sin embargo, este contrato también podría configurar un posible hallazgo penal por contratación sin el lleno de los requisitos legales.
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En la Regional Magdalena, se revisaron dos contratos por $2.493 millones para la construcción de almacenes en Gaira y Promoción Ecoturística. La Contraloría evidenció graves falencias en la etapa precontractual, falta de estudios técnicos y topográficos actualizados, y ausencia de seguimiento efectivo de la interventoría. Estos hechos podrían dar lugar a sanciones fiscales o disciplinarias.
Fiduagraria: rezagos e ineficiencia en proyectos de vivienda rural
Por su parte, Fiduagraria S. A. fue auditada en su rol como operadora del Programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), y los resultados también generan alarma. La Contraloría encontró 25 hallazgos administrativos, 17 con presunta connotación fiscal por $4.250 millones y 23 con posible incidencia disciplinaria.
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Uno de los casos más representativos fue un contrato con el Consorcio La Bendición, por $1.857 millones, destinados a 351 viviendas rurales. Pese al anticipo entregado, el contrato no se ejecutó, y los recursos no fueron amortizados ni reintegrados. Solo se materializaron cinco mejoramientos, sin los respectivos recibos de satisfacción.
Una situación similar ocurrió con otro contrato, suscrito con el Consorcio La Unción, donde se entregaron anticipos por más de $730 millones sin cumplimiento del objeto contractual ni recuperación de los recursos. Según la Contraloría, las gestiones ante las aseguradoras fueron tardías e ineficaces.
Problemas estructurales en la administración fiduciaria
La Contraloría advirtió que los problemas detectados no son hechos aislados, sino reflejo de deficiencias estructurales y recurrentes en la administración del programa VISR. Estas fallas se evidencian en todas las etapas: planeación, contratación, ejecución y vigilancia.
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Además, se cuestiona la falta de articulación entre Fiduagraria y el Ministerio de Agricultura, lo que ha obstaculizado la adecuada implementación del programa y afectado el acceso de familias campesinas al derecho a una vivienda digna.
Por ello, la Contraloría emitió un concepto de incumplimiento material adverso frente a la gestión fiscal de Fiduagraria.
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