El jueves 17 de julio de 2025, nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca fueron secuestrados en la zona rural del municipio de López de Micay. El hecho fue reconocido por las propias disidencias del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las Farc, bajo el mando de alias“Iván Mordisco”.
El grupo armado justificó su accionar alegando que los funcionarios desarrollaban actividades de apoyo al Ejército, mientras que las autoridades departamentales afirmaron que cumplían una misión netamente social y humanitaria.
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Sin embargo, el secuestro de los funcionarios ha generado muestras de apoyo y llamados de autoridades departamentales y nacionales que claman por la liberación de los nueve secuestrados.
Uno de estos llamados por su liberación fue la de una convocatoria a través de redes sociales en la que se invitó a los habitantes de Popayán a salir las calles con camisetas blancas y la consigna “¡libérenlos ya!“.
La marcha tuvo lugar en la capital del Cauca con un recorrido por las principales vías de la ciudad y que finalizó en el parque Caldas, donde también se llevó a cabo una eucaristía para pedir por la liberación de los funcionarios secuestrados.
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Los funcionarios secuestrados
De acuerdo con la Gobernación del Cauca, nueve de sus funcionarios fueron secuestrados mientras desarrollaban labores comunitarias en una región vulnerable.
Las víctimas fueron siete mujeres y dos hombres: Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López, Elizabeth Yangana, Eivar Guerrero Anaya y Sergio López Gómez.
Estas personas estarían adelantando acciones en los municipios del departamento, dado que lideraban un proceso de diálogo con las juntas de acción comunal. A través de los diálogos con las comunidades buscaban promover la participación ciudadana y facilitar el acceso de a programas sociales del Estado, con el fin de mejorar las condiciones de vida en la región.
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No obstante, las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco, grupo que se atribuyó el hecho; aseguró que los funcionarios estarían actuando de manera articulada con el Ejército Nacional y las comunidades para debilitarlos.
Llamados de libertad
El secuestro ha generado gran preocupación en el Cauca y el país, pues se interpreta como una grave violación al derecho internacional humanitario. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, exigió la liberación inmediata de los secuestrados y enfatizó que “la institucionalidad no puede ser confundida con la guerra, ni los servidores públicos convertidos en rehenes”.
A este llamado se le suma el hecho el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que a través de sus redes sociales rechazó la retención de los funcionarios y adicionalmente aseguró que se le han brindado todas las garantías al grupo armado para la liberación de los secuestrados.
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No obstante, el ministro también aseguró que, con el fin de salvaguardar la vida de los funcionarios, las fuerzas militares no se encuentran preparando o desarrollando ninguna operación de rescate.
“La Fuerza Pública no está desarrollando ninguna operación de rescate, fin garantizar la vida e integridad de los civiles secuestrados según las condiciones actuales”, escribió.
El llamado del ministro también incluyó que el anuncio de que, pese al secuestro de los funcionarios, la fuerza pública seguirá adelantando acciones en contra de los grupos armados que operan en esa región del país.
“La Fuerza Pública seguirá cumpliendo su misión constitucional, la cual incluye neutralizar a todas las amenazas, ya sea ELN, Disidencias, Clan del Golfo o cualquier grupo criminal”, finalizó el ministro.
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A estos llamados se le suman los lanzados por organizaciones de derechos humanos y entidades nacionales y religiosas como la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica que, también, han rechazado enérgicamente el hecho y piden una solución humanitaria pronta.
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