En una contundente decisión para proteger el derecho a la salud de los usuarios, la Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar contra Savia Salud EPS, ordenándole entregar 41.811 medicamentos e insumos médicos pendientes en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación oficial. La resolución, emitida a raíz de una auditoría técnica, expuso un grave incumplimiento en la entrega de tecnologías en salud, situación que pone en riesgo la vida y la integridad física de al menos 61.387 afiliados.
La medida se suma a las acciones de vigilancia especial que la Supersalud ha venido adelantando sobre Savia Salud, una EPS con más de 1.6 millones de afiliados en el país, la mayoría de ellos bajo el régimen subsidiado. La entidad ya se encontraba bajo intervención forzosa administrativa desde junio de 2023, medida prorrogada hasta 2026 debido a los continuos problemas en su gestión.
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Con base en el informe de auditoría realizado entre mayo y junio de 2025, se encontraron 127.280 registros de medicamentos pendientes, de los cuales al menos 99.374 no habían sido entregados al 30 de mayo. Esta situación persistía, y al 24 de junio aún quedaban 41.811 insumos sin entregar, lo que representaba apenas un 67% de cumplimiento, cifra considerada crítica por la Superintendencia.
El documento también revela que tres operadores logísticos son responsables de estos incumplimientos: Medic de Colombia, con 103.417 registros de medicamentos pendientes; Cohan, con 24.310; y Todo Drogas, con 263. Por tal motivo, la Supersalud ordenó la realización de una auditoría específica a estos operadores, la cual será realizada por SAC Consulting S.A.S., firma designada como contralora del proceso.
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Además de la entrega de medicamentos, la resolución obliga a Savia Salud a:
- Asistir de forma virtual, con su equipo técnico, a dos mesas de seguimiento convocadas por la Delegatura de Aseguramiento en Salud.
- Presentar un informe detallado que incluya una base de datos nominal en Excel con las fechas de entrega efectiva.
- Entregar los soportes de recibido firmados por los usuarios, como evidencia del cumplimiento.
- Garantizar la participación y colaboración con el proceso de auditoría a los operadores logísticos.
La Superintendencia advirtió que el incumplimiento de estas órdenes podría acarrear sanciones administrativas más severas, incluyendo la revocatoria del permiso de funcionamiento de la EPS. Asimismo, se notificó a las Delegadas para Investigaciones Administrativas y Protección al Usuario, con miras al inicio de procesos sancionatorios.
Esta es la segunda medida cautelar impuesta por la Supersalud en menos de una semana, luego de una similar dirigida al gestor farmacéutico Colsubsidio, lo que evidencia una política de cero tolerancia frente a las deficiencias en la entrega de medicamentos.
El caso de Savia Salud pone nuevamente en la agenda pública las fallas estructurales de algunas EPS en Colombia, especialmente aquellas con una gran carga poblacional en el régimen subsidiado. La no entrega oportuna de medicamentos fue catalogada por la Corte Constitucional como una violación directa al derecho fundamental a la salud, por lo cual la Superintendencia actuó en el marco de sus facultades legales, con base en normas como la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015).
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La EPS, por su parte, tiene derecho a interponer recurso de reposición, pero este no suspende la ejecución de la medida. Es decir, debe cumplir inmediatamente, y si no lo hace, enfrentará consecuencias legales adicionales.
En palabras de la Superintendencia, esta acción busca “cesar de manera provisional las acciones que ponen en riesgo la vida o la integridad física de sus afiliados”, y garantizar el acceso oportuno, continuo y de calidad a tecnologías en salud.
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