El conflicto en el sector arrocero colombiano entra en una nueva fase de tensión, marcada por posturas opuestas entre los productores organizados en el Comité Nacional del Paro Arrocero y los pequeños y medianos industriales representados por Femoarroz. Mientras los agricultores exigen instalar una mesa de negociación nacional, los molineros piden al Ministerio de Agricultura que se abstenga de intervenir los precios, alegando que el problema real es estructural y no de mercado.
Los productores, a través de una carta abierta dirigida a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, propusieron instalar de forma inmediata una mesa de negociación nacional arrocera con la participación de los ministerios de Agricultura, Comercio e Industria, y un representante del Ministerio de Hacienda. Como gesto de buena voluntad, ofrecieron flexibilizar progresivamente los bloqueos viales, sin abandonar el paro.
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Según explican, el objetivo es doble, destrabar el diálogo sin dilaciones y reducir el impacto en la movilidad nacional. Enfatizan además su rechazo a las versiones que vinculan al movimiento con el fallecimiento de una persona en Gualanday, afirmando que la muerte se debió a un infarto y no guarda relación con las manifestaciones pacíficas.
“Los productores arroceros no podemos seguir esperando mientras se condiciona el diálogo al levantamiento total del paro”, afirmó el comunicado. “El país necesita soluciones urgentes y reales, y el arroz, alimento esencial en la mesa de los colombianos, no puede continuar sumido en el abandono”.
Por su parte, los molinos, agrupados en Femoarroz, respondieron al proyecto de resolución del Ministerio que busca someter al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada. En un documento técnico rechazaron la tesis oficial según la cual existe una distorsión de mercado y abuso de poder por parte de los compradores.
“El proyecto parte de una falsa premisa”, señalaron. Según Femoarroz, no hay concentración de mercado ni prácticas oligopsónicas, y las causas de la crisis son atribuibles a un fenómeno de sobreoferta masiva, consecuencia de dos años consecutivos de siembras por encima del consumo nacional.
La agremiación citó datos del Dane y del Fondo Nacional del Arroz para argumentar que en 2024 se sembraron más de 631.000 hectáreas, cuando el consumo requiere menos de 535.000. Para 2025, la tendencia se mantuvo, lo que generó un exceso de producto, con inventarios que en junio superaban en más del 67% el promedio histórico.
“Advertimos desde enero que mantener el área de siembra de 2024 sería insostenible”, aseguran. De hecho, sostienen que enviaron comunicaciones formales al Ministerio, alertaron en reuniones con agricultores y dejaron constancia en el Consejo Nacional del Arroz sobre la necesidad de reducir las siembras en un 30%.
En cuanto a las acusaciones de prácticas anticompetitivas, Femoarroz responde con cifras. De los más de 40 compradores de arroz paddy verde activos en el país, los 12 afiliados al gremio solo representan el 12% del mercado. Además, aportan balances financieros que muestran utilidades negativas o marginales en varias empresas del sector, para demostrar que no existe poder dominante ni rentabilidades abusivas.
Frente a la posibilidad de establecer un precio mínimo obligatorio, Femoarroz advirtió que esta medida distorsionaría la cadena productiva. En cambio, proponen que el Gobierno compre el excedente y lo exporte, y que Fedearroz, junto a los demás actores de la cadena, se comprometan a una planeación rigurosa de siembras que evite tanto la sobreproducción como el desabastecimiento futuro.
Ambos sectores coinciden en la necesidad de intervención estatal, pero divergen radicalmente en el cómo. Los productores piden diálogo político y medidas de protección inmediata; los molineros exigen evitar intervenciones de precios y abogan por una solución basada en oferta y demanda controlada desde el origen, las siembras.
La ministra de Agricultura aún no ha respondido oficialmente a ninguna de las dos comunicaciones. Entretanto, las tensiones crecen y la cadena del arroz, una de las más importantes del agro colombiano, continúa en vilo.
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