Pese a amenazas de muerte, la UNP pidió al alcalde de Pasto asumir costos por su esquema seguridad

En medio del incremento de la violencia en el sur de Colombia, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales que operan en la región.

Sin embargo, lejos de recibir una respuesta institucional que refuerce su seguridad sin condiciones, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le informó que la Alcaldía deberá asumir los costos de su esquema de protección, cuyo valor mensual supera los 20 millones de pesos.

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“La vida de un funcionario público no puede depender del presupuesto local”, advirtió el mandatario, al expresar su inconformidad por la posición de la UNP. Aseguró además que las amenazas no solo comprometen su seguridad personal, sino la estabilidad institucional del municipio que gobierna.

UNP se amparó en la norma: ¿protección sujeta a presupuesto?

La respuesta oficial no tardó en llegar. En un comunicado emitido el 18 de julio, la UNP aclaró que su actuación está ceñida a lo establecido por ley, el cual establece que los recursos físicos del esquema de seguridad asignado a un funcionario en razón de su cargo deben ser asumidos por la entidad a la que pertenece. En este caso, corresponde a la Alcaldía de Pasto.

“La UNP ha enviado reiteradamente comunicaciones y ha realizado acercamientos directos con el beneficiario, al que se le ha explicado que, conforme al Decreto 1066 de 2015, los recursos físicos de los esquemas asignados en virtud del cargo deben ser asumidos por la entidad a la que está vinculado el beneficiario como servidor público”, señaló la entidad.

La UNP hizo énfasis en que solo los municipios de sexta categoría, y que declaren formalmente no contar con los recursos, están exentos de asumir esos costos. Pasto, como capital de departamento y municipio de categoría superior, no clasifica dentro de esa excepción.

Alcalde implementó medidas parciales por los altos costos

Aunque la UNP afirma que ha hecho “reiterados acercamientos” con el alcalde Toro, la implementación del esquema ha sido parcial. Según el comunicado, el mandatario ha rechazado el uso del vehículo y otros elementos de seguridad debido a que los costos deben ser asumidos por la Alcaldía.

“El señor alcalde sólo ha aceptado la implementación parcial de las medidas, declinando el uso del vehículo y otros elementos, cuyo costo tiene que asumir dicha alcaldía”, agregó la entidad.

La negativa ha generado un aumento en la situación de vulnerabilidad, del cual ya fueron notificados la Defensoría del Pueblo y el propio mandatario. No obstante, la UNP reiteró que no puede cubrir directamente esos costos, ya que hacerlo implicaría una posible irregularidad financiera y un detrimento patrimonial.

Una región asediada por la violencia y sin garantías efectivas

La situación del alcalde de Pasto refleja el riesgo que enfrentan mandatarios locales en zonas afectadas por el conflicto armado. En Nariño, la presencia de disidencias de las Farc, grupos narcotraficantes y otras estructuras ilegales ha generado un clima de inseguridad permanente, tanto en áreas rurales como urbanas.

Pese a este contexto, el esquema institucional vigente deja a los mandatarios a merced de sus presupuestos locales, lo que profundiza las brechas en materia de protección y garantías democráticas. “La seguridad de los alcaldes no puede estar supeditada a la capacidad financiera de sus municipios”, reiteró Toro, al solicitar respaldo urgente del Gobierno nacional.

En enero de 2025, el director general de la UNP emitió una directiva interna para dar prioridad a la protección de funcionarios en riesgo. Sin embargo, en la práctica, las condiciones presupuestales siguen siendo determinantes, lo cual limita la implementación efectiva de esas medidas.

“Es nuestro deber resaltar que la entidad no puede omitir el cobro de los recursos ni asumirlos directamente, ya que hacerlo constituiría un incumplimiento de la ley”, argumentó la UNP en el comunicado oficial.

Por su parte, el alcalde ha asegurado que no cederá ante la presión de grupos armados y continuará ejerciendo sus funciones, aunque sin el respaldo institucional que considera indispensable.