La Contraloría General de la República ha demandado explicaciones exhaustivas al Ministerio del Interior acerca del viaje realizado los días 19 y 20 de junio de 2025 por la funcionaria Juliana Andrea Guerrero Jiménez, identificada como jefe de Gabinete de esa cartera, según documentos oficiales, habría utilizado un avión oficial para desplazarse desde Bogotá hasta Valledupar y regresar al día siguiente.
Este requerimiento surge en medio de denuncias públicas sobre el uso presuntamente indebido de recursos estatales destinados al transporte aéreo de funcionarios, una situación que ha encendido las alarmas sobre los controles en la utilización de bienes públicos.
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Según el comunicado oficial fechado el 17 de julio y difundido por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, se precisa que el asunto se origina por la denuncia radicada bajo el número 2025ER0150249.
El texto formal, dirigido a la Secretaria General del Ministerio del Interior, Nancy Stella Patiño León, indica que la entidad está atendiendo una queja apoyada en información periodística, la cual implica directamente a la funcionaria Guerrero Jiménez.
De acuerdo con el documento, “La Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad se encuentra atendiendo la denuncia referida en el asunto, registrada con el radicado 2025ER0150249, la cual informa sobre un presunto desplazamiento irregular de la funcionaria y/o contratista Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien, según información periodística, se desempeña como Jefe de Gabinete del Ministerio del Interior. El hecho denunciado corresponde a un viaje realizado el 19 de junio del presente año a la ciudad de Valledupar, con regreso a Bogotá, D.C., al día siguiente”.
La comunicación oficial, según pudo constatar este medio, formula requerimientos enfáticos sobre la legalidad y justificación del traslado. Por ello, exige respuesta a interrogantes directos sobre el contexto del viaje, su fundamento jurídico y la documentación que sustente la veracidad de lo reportado.
Conforme al contenido de la solicitud enviada al Ministerio del Interior, la Contraloría instruye: “Indicar si el apoyo aéreo prestado los días 19 y 20 de junio del presente año fue solicitado en el marco del Convenio 400 de 2025”. Esta referencia específica sugiere la existencia de un instrumento legal que regularía el uso de aeronaves oficiales para actividades institucionales.
En la misma línea, el organismo de control requiere “Remitir copia del documento mediante el cual se solicitó dicho apoyo aéreo, así como un listado con los nombres completos y números de identificación de los pasajeros que abordaron los vuelos mencionados.”
El requerimiento va más allá de la mera solicitud de datos; exige “Informar la actividad para la cual fue solicitado el apoyo aéreo con destino a la ciudad de Valledupar durante las fechas señaladas, junto con la justificación correspondiente. Agradecemos anexar los documentos”, según aparece en el comunicado oficial.
Con esto, la Contraloría pretende determinar si el motivo del viaje respondía a necesidades institucionales, si ese desplazamiento era estrictamente necesario y si se cumplió el debido proceso para autorizar el recurso.
El mismo documento expresa que la respuesta requerida deberá entregarse “en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles”, proporcionando las direcciones electrónicas a las que deberán remitirse los descargos y anexos solicitados.
La investigación que adelanta la Contraloría surge poco después de que el asunto cobrara notoriedad mediática por la denuncia sobre el presunto uso irregular del avión y se enmarca en su función de fiscalización de los recursos públicos asignados a los sectores de defensa y seguridad, según detalló el oficio oficial.
Paralelamente, según informaron otras dependencias del Estado, la Procuraduría General de la Nación también ha tomado cartas en el asunto. Este organismo ha confirmado el inicio de una visita al Ministerio del Interior destinada a recaudar pruebas sobre los hechos cuestionados.
El contexto de la denuncia, de acuerdo con lo consignado por la Contraloría, se inscribe en “una queja apoyada en información periodística″ que apunta a la funcionaria Juliana Andrea Guerrero Jiménez, lo que permite suponer que las pesquisas no se limitan únicamente a la revisión documental, sino también a contrastar versiones y verificar la trazabilidad de los recursos dispuestos para el traslado.
Desde el Ministerio del Interior, por el momento, no ha habido un pronunciamiento público sobre el viaje, el objeto del desplazamiento, ni sobre si existió solicitud previa conforme a los reglamentos institucionales.
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