Confirman que disidencias tienen secuestrados a nueve contratistas de la Gobernación del Cauca en Micay

La noche del jueves 17 de julio se confirmó que nueve personas que laboran para la Gobernación del Cauca fueron retenidas en la zona rural de López de Micay, en la costa pacífica del departamento.

Según información de organismos de seguridad, estas personas habrían sido interceptadas mientras instalaban equipos tecnológicos, presuntamente en una base militar de la región.

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Los primeros reportes indican que los responsables serían integrantes de estructuras disidentes de las antiguas Farc, específicamente los frentes Carlos Patiño y Rafael Aguilera, que ejercen control en el área del sur del Cauca, especialmente en los municipios de Argelia, El Tambo y López de Micay.

Fuentes consultadas dentro de la Fuerza Pública confirmaron a El País de Cali que ya existía información previa sobre el secuestro.

“Ya teníamos información de esta retención masiva y ahora en la noche de este jueves 17 de julio ese mismo grupo armado terminó de corroborar la información que teníamos sobre la retención de estos nueve funcionarios, quienes estarían en poder de los integrantes de los dos frentes que delinquen en esa zona, que son los frentes Carlos Patiño y Rafael Aguilera”, señalaron voceros militares.

Tras el hecho, se espera el arribo de una comisión humanitaria que pueda establecer un canal de comunicación con los actores armados ilegales y gestionar la liberación de los funcionarios. La misión será coordinada entre entidades regionales y nacionales, en articulación con organismos que desarrollan labores humanitarias en el suroccidente del país.

A través de un comunicado, las disidencias que operan en esta zona reconocieron la retención de los trabajadores, indicando sus nombres y funciones, además de mencionar los elementos tecnológicos que portaban. Los secuestrados fueron identificados como Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.

Según versiones preliminares, los funcionarios realizaban la instalación de aparatos con capacidad para interferir señales de telefonía celular, conexión wifi y operaciones aéreas no tripuladas, como drones. La actividad se desarrollaba en una base de las Fuerzas Militares ubicada en la jurisdicción de López de Micay.

De acuerdo con los reportes oficiales, al advertir la presencia de estos dispositivos y su posible uso, integrantes de los frentes armados decidieron retener a los civiles y trasladarlos hacia una zona selvática, donde estarían en este momento bajo su custodia.

En la región se han presentado enfrentamientos entre tropas del Estado y miembros de las disidencias, lo que ha generado preocupación entre la población. Habitantes del municipio han expresado en redes sociales su inconformidad con la persistencia del conflicto armado y la ausencia de programas sociales, que, según señalan, no llegan a los corregimientos, a diferencia de la presencia militar.

Por su ubicación estratégica, López de Micay forma parte del Macizo Colombiano, un área donde convergen diferentes actores armados ilegales. Esta situación ha sido advertida por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, que desde hace meses solicitan mayor presencia institucional y medidas de protección para las comunidades.

La Fuerza Pública indicó que no se han registrado enfrentamientos durante la operación de retención, y que se mantiene un monitoreo constante en la zona con el fin de garantizar la seguridad de la población y de las personas que permanecen en poder del grupo armado.

Hasta el momento, no se ha informado de una fecha tentativa para el inicio del proceso de mediación. Sin embargo, las autoridades del Cauca han solicitado celeridad para la conformación de la comisión humanitaria que permita avanzar hacia la liberación de los nueve trabajadores.

Este hecho se suma a otros reportes sobre la expansión territorial de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. En los últimos meses, diversas fuentes institucionales han confirmado operativos e incautaciones de material de guerra, como minas antipersonales, en zonas cercanas al Macizo Colombiano.

Las autoridades mantienen comunicación con las familias de los funcionarios retenidos y han ofrecido acompañamiento psicosocial. También han solicitado al Gobierno Nacional un fortalecimiento de la presencia estatal en los municipios más afectados por el conflicto armado.