Consejo Gremial respalda nueva directiva sobre consulta previa y pide compatibilizar derechos con proyectos estratégicos

El Consejo Gremial Nacional destacó la expedición de la Directiva Presidencial 06 del 14 de octubre de 2026, mediante la cual el Gobierno estableció lineamientos para fortalecer la coordinación entre entidades públicas y mejorar el desarrollo de los procesos de consulta previa en Colombia.

Según informó Blu Radio, el gremio valoró especialmente que la directiva busque ordenar el intercambio de información entre instituciones y hacer más previsible el trámite de estos procedimientos.

La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas cuando una decisión, proyecto o medida puede afectarlas directamente. Frente a esto, el Consejo Gremial señaló que su protección constituye una obligación del Estado.

Al mismo tiempo, sostuvo que esa garantía debe armonizarse con otros objetivos como la ejecución de proyectos estratégicos, la generación de empleo y el bienestar general.

“Estos propósitos no son contrapuestos: corresponde al Estado hacerlos compatibles mediante decisiones oportunas, motivadas y respetuosas del ordenamiento jurídico”, afirmó la organización.

Gremios ven oportunidad para mejorar los procedimientos

El Consejo Gremial considera que los nuevos lineamientos pueden contribuir a una gestión más eficiente, transparente y previsible de los procesos de consulta previa.

Uno de los puntos que destaca es la necesidad de mejorar la coordinación entre las entidades responsables de participar en los procedimientos.

La directiva también busca facilitar el intercambio de información, una condición que el gremio considera relevante para evitar demoras, duplicidades o decisiones contradictorias entre instituciones públicas.

Sin embargo, el Consejo Gremial advirtió que la implementación de estos lineamientos deberá respetar las competencias de cada entidad y mantener las garantías de participación de las comunidades étnicas.

El pronunciamiento pone así el foco en un equilibrio entre seguridad jurídica, capacidad institucional y protección de derechos.

Para el sector empresarial, una mayor claridad en los procedimientos puede facilitar la planeación de proyectos que requieren consulta previa y reducir la incertidumbre durante su desarrollo.

Al mismo tiempo, el gremio reconoce que ese objetivo no puede alcanzarse debilitando las obligaciones constitucionales y legales que protegen a las comunidades.

Persisten desafíos en la implementación

Aunque valoró positivamente la Directiva Presidencial 06, el Consejo Gremial también reconoció que todavía existen dificultades en los procesos de consulta previa.

Por esa razón, manifestó su disposición a participar y aportar en la implementación de las nuevas reglas.

La organización insistió en que el debate no debe plantearse como una elección entre desarrollo económico y derechos de las comunidades étnicas.

Según su posición, ambos objetivos deben avanzar de manera simultánea mediante procedimientos claros, decisiones oportunas y respeto por el marco jurídico.

El gremio también resaltó que la consulta previa no debe ser vista únicamente como una etapa formal dentro de los proyectos, sino como un mecanismo de participación que debe conservar sus garantías.

La Directiva Presidencial 06 aparece entonces como una herramienta con la que el Gobierno busca ordenar la actuación de las entidades públicas involucradas en estos procesos.

Por ahora, el alcance práctico de la medida dependerá de cómo sea aplicada por las instituciones responsables y de si logra reducir problemas de coordinación sin afectar los derechos de participación.

El Consejo Gremial sostuvo que seguirá acompañando la discusión y que está dispuesto a contribuir a la implementación de la directiva.

Su posición parte de una idea central: la protección de los derechos de las comunidades étnicas y el desarrollo sostenible del país no deben entenderse como objetivos incompatibles.