Gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, protestó porque no fue invitada a mesa de diálogo del Gobierno nacional con el gremio arrocero: “Creemos que somos actores importantes del proceso”

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que no fueron invitados a la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el gremio arrocero que se realiza hoy 17 de julio en Bogotá.

“No fuimos invitados a la mesa de diálogo para buscar soluciones a la crisis del sector arrocero que se instalará hoy en Bogotá”, afirmó Cortés en una publicación en su cuenta en X.

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“Creemos que somos actores importantes del proceso, y que podemos jugar un papel fundamental. Venimos trabajando hace mucho y tenemos mucho que aportar, además de ser unos de los principales perjudicados”, dijo la mandataria local.

Siguiendo con su pronunciamiento, Cortés fue enfática en decir que la posición de su gobernación es a favor del campo, de la economía, del progreso y desarrollo de la región.

“Nuestra posición es en defensa del campo, del trabajo, del alimento, de nuestra gente, de la economía; del progreso y el desarrollo no solo del departamento y de la región, sino del país. Llevamos no días, sino meses trabajando la problemática del sector arrocero”, señaló.

También recalcó que este año creyeron haber alcanzado un acuerdo, el cual se incumplió por una de las partes, sin embargo, quieren seguir aportando y articulando con el Gobierno.

“Estamos aquí para proponer soluciones y trabajo articulado y no para hacer reclamos. Esta semana nuestro equipo técnico no ha parado; hemos asistido a mesas técnicas, reuniones informales, hemos escuchado a las partes y creemos que hay camino; si el gobierno nacional muestra voluntad y cada quien se hace responsable de lo suyo”, finalizó.

Cultivadores que votaron por Petro están arrepentidos

El presidente Gustavo Petro evitó referirse al paro arrocero en su última alocución del 15 de julio, hecho que generó malestar entre los productores del sector, quienes expresaron su inconformidad con la postura del Gobierno frente a sus demandas.

El paro inició el lunes 14 de julio de 2025 y fue convocado por cultivadores que denuncian pérdidas económicas por los bajos precios del arroz y la falta de apoyo estatal.

Óscar Gutiérrez, vocero de la protesta, declaró que el silencio del jefe de Estado ha generado frustración en varios sectores del agro.

“Entonces, hubo quienes votaron por el presidente Petro, obviamente (...), y déjeme decirle que entre muchos de ellos la decepción es muy grande”, aseguró.

Según Gutiérrez, una de las principales críticas del gremio apunta a los tratados de libre comercio, a los cuales responsabilizan del deterioro de la producción nacional. Afirmó que el Gobierno no ha planteado alternativas reales para enfrentar las consecuencias de estos acuerdos.

“La más grave de todas, tal vez, es esa posición cerrada de no pretender o aceptar o mirar cómo se le da salida al tema de los tratados de libre comercio”, dijo.

El líder del paro también cuestionó la distancia entre el discurso del presidente durante la campaña y las acciones ejecutadas desde su llegada al poder.

“Sin duda hay incoherencias en el comportamiento del presidente Petro frente a las promesas que hizo en la campaña electoral y las realizaciones del Gobierno”, afirmó Gutiérrez, quien participará en la mesa de negociación con el Ejecutivo.

Los productores exigen, entre otras medidas, la fijación de un precio mínimo para el arroz paddy verde.

Actualmente, el valor de una carga de 125 kilogramos oscila entre $170.000 y $185.000, cifra que, según los arroceros, no cubre los costos de producción, estimados en hasta 11 millones de pesos por hectárea. Plantean que el precio legal debería ubicarse entre $205.000 y $220.000, según la región.

Además, solicitan subsidios, líneas de crédito, control al contrabando desde países vecinos, revisión de los acuerdos comerciales, intervención estatal en el precio del agua y una mayor participación en el proceso de comercialización del grano.

Por otro lado, piden que las mesas de diálogo incluyan representantes de Agricultura, Comercio, Ambiente, la industria molinera y la Superintendencia de Industria y Comercio.