Efraín Cepeda criticó la polémica iniciativa del Gobierno que daría libertad condicional a criminales: “Sería burlar la justicia”

Luego de que el país conociera una de las propuestas que alista el Gobierno nacional, y que fueron incluidas en el borrador de reforma a la Ley de Justicia y Paz, y que establecería la presunta imposibilidad de extradición para quienes resulten beneficiados con estas medidas, con el fin de salvaguardar los derechos de las víctimas, sigue dando de qué hablar.

Y es que esta disposición formaría parte de una iniciativa que permitiría a los jefes de estructuras criminales, que hayan cumplido entre cinco y ocho años de prisión por delitos anteriores, optar por la libertad condicional siempre que se sometan al proceso judicial y acaten las condiciones definidas por el Estado colombiano en el marco del sometimiento, según información conocida por El Tiempo.

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Ante la propuesta, el ahora expresidente del Senado Efraín Cepeda se refirió a la polémica propuesta en medio de su rendición de cuentas presentada en la mañana del jueves 17 de julio.

Según indicó el parlamentario, la medida que plantea el Ejecutivo dejaría un manto de impunidad, asegurando que el beneficio sería aprovechado por los criminales para delinquir con la libertad total.

“Mire, yo creo que he sido defensor del Estado de derecho, el que la hace la paga y ahí está la justicia colombiana. Yo creo que sería burlar la justicia que ha tomado decisiones para que tuviésemos... Si estamos hablando de dos o tres que puedan, pues, estar en procesos de paz, pero ¿que salgan todos los delincuentes a las calles de Colombia? ¿Que de día se sientan en una mesa de negociación y de noche delincan? Yo no estoy en esa orilla", señaló Cepeda.

Según indicó el parlamentario, se debe priorizar la seguridad de los ciudadanos y no beneficiar a quienes aún tienen deudas pendientes con la justicia, a pesar de estar vinculados con el proceso de paz implementado por el Gobierno nacional.

“Yo estoy en la orilla de la defensa de la seguridad de los colombianos, una seguridad que se ha deteriorado durante este gobierno, donde imperan los grupos armados, donde suben los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la producción de cocaína... el primer país productor de cocaína de Colombia, una producción, está por encima. Se ha disparado por más del cincuenta por ciento, doscientas cincuenta mil hectáreas sembradas de coca”, continuó Cepeda.

Finalmente, el senador aseguró que, de aprobarse la iniciativa del Gobierno nacional, el mensaje a los colombianos sería contrario al de seguridad y democracia, además de advertir que se vivía un incremento de los delitos en todo el territorio nacional.

“Yo creo que es una mala señal decirle a los colombianos. Han sido unos delincuentes, además siguen dirigiendo sus grupos desde la cárcel, ahora los llevamos a la calle ¿Y será qué también los van a invitar a que voten y que participen en las elecciones del 2026? No, no, no. La democracia tiene que estar por encima de eso. No queremos delincuentes en la calle, que paguen por sus culpas y que luego ingresen a la sociedad. Unos cuantos negociadores, sí, pero todos en la calle, no. Y repito, y termino diciendo lo que expresé: negociadores de día, delincuentes de noche”, concluyó el expresidente del Senado.

De acuerdo con la información conocida por El Tiempo, el Ministerio de Justicia, liderado por Eduardo Montealegre, trabaja en una reforma legal para modificar la ley de 2005, abriendo la puerta a que los líderes de organizaciones armadas puedan cumplir sus penas fuera de la cárcel tradicional, incluyendo lugares como casas étnicas o colonias agrícolas.

El objetivo central del documento es “facilitar la reincorporación, promover la justicia restaurativa y contribuir al desmantelamiento de estructuras armadas en el marco de diálogos o acuerdos con el Gobierno nacional”.

La posibilidad de excarcelación para estos jefes criminales dependería no solo del tiempo ya cumplido en prisión, sino también del cumplimiento de estrictos requisitos. Entre ellos figuran la entrega total de armas y la devolución de bienes adquiridos ilegalmente, así como el regreso de menores que hayan sido reclutados o retenidos contra su voluntad.

Los interesados también tendrían que comprometerse con un cese definitivo de cualquier actividad delictiva, participar en procesos de transformación en territorios afectados por la violencia y obtener un aval de comportamiento emitido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.