Coosalud, Salud Total y Sura disparan su deuda: el dato que contradice el discurso de Petro sobre las EPS

El sistema de salud colombiano sigue sumido en una crisis financiera que no da tregua. De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben ya $32,9 billones a clínicas, hospitales, laboratorios, farmacias y otros prestadores del servicio. El dato, que refleja un aumento de $7,9 billones respecto a 2023, alimenta el debate sobre el papel de las EPS y las decisiones que debe tomar el Gobierno frente al sistema.

Aunque la cifra total ya genera alarma por sí sola, lo que más preocupa es su distribución. Según el documento oficial, el 74% de ese pasivo está concentrado en EPS que fueron intervenidas por el propio Estado. A pesar de que estas medidas buscaban justamente contener el deterioro financiero, los resultados no terminan de convencer a todos.

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Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas. Aseguró que la deuda no es atribuible a su Gobierno, sino a “decisiones y omisiones de las propias EPS”, y defendió las intervenciones adelantadas por su administración. Según sus cálculos, estas lograron una reducción del 14,4% en lo adeudado a clínicas y hospitales, lo que se traduce en una disminución de $707.000 millones. “La intervención fue favorable”, afirmó el mandatario. “Si sumamos todas, hemos disminuido en $707.000 millones la deuda total que estas EPS tenían con la República y otros acreedores, y eso representa 3,7%. Por eso la intervención hay que continuarla y ampliarla”.

En ese mismo sentido, resaltó que el balance aún es parcial, ya que “la cifra de disminución podría ser mayor si se agrega lo conseguido en la Nueva EPS, mientras que las no intervenidas en un año duplicaron la deuda con clínicas, hospitales y otros acreedores”. Con este argumento, Petro busca justificar una hoja de ruta basada en el control directo del Estado sobre las entidades más críticas, y al mismo tiempo presionar al Congreso para acelerar la discusión de su reforma.

Y es que el incremento en las EPS no intervenidas fue particularmente llamativo. Solo entre 2023 y 2024, su deuda creció 101,9%, pasando de $5,3 billones a $10,8 billones. En ese grupo, las que más aumentaron su pasivo fueron Coosalud (269%), Salud Total (264%) y Sura (147%). En contraste, algunas entidades sí lograron reducir su deuda de forma significativa, entre ellas Familiar de Colombia (-56%), Ferrocarriles Nacionales (-28,7%), Comfaoriente (-27,8%), Salud Mía (-26,1%), Anas Wayuu (-25,5%) y Dusakawi (-15,2%).

Sin embargo, desde otros sectores se cuestiona que, pese a más de un año de intervenciones, no se haya logrado una mejora estructural del sistema ni un saneamiento real de las cuentas. Para algunos analistas, la acumulación de deudas en entidades ya intervenidas pone en duda la eficacia del modelo actual de control y vigilancia. Además, advierten que la estrategia ha sido más reactiva que preventiva, con decisiones fragmentadas y sin una ruta clara para garantizar sostenibilidad financiera a largo plazo.

Petro, por su parte, fue categórico: “O intervenimos a las EPS que no cumplen, que son todas menos dos. No hay otra opción. Está demostrado que se robaron los dineros de la salud, entre más damos, más se lo roban”. En su intervención, insistió en que la salida estructural es la aprobación de la reforma a la salud, que sigue estancada en el Congreso.

Con el sistema financiero del sector colapsando por varios frentes y los prestadores de salud asfixiados por las cuentas impagas, la presión sobre el Gobierno y el Legislativo aumenta. Cada semana sin decisiones concretas deja más preguntas que respuestas y una deuda que sigue creciendo.