Paloma Valencia alertó posibles consecuencias de ceder el control del agua del Cauca a comunidades indígenas

La congresista aseguró que la decisión del Gobierno nacional podría agudizar la violencia en uno de los departamentos más afectados por el conflicto

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La congresista alertó de las
La congresista alertó de las consecuencias de darle el estatus de autoridad ambiental a los miembros del Cric - crédito Jesús Aviles Ortiz/Infobae

La senadora Paloma Valencia reaccionó la presunta entrega por parte del Gobierno nacional del control del agua del departamento del Cauca al Consejo Regional Indígena (CRIC). La congresista criticó fuertemente la decisión del gobierno y aseguró que con esta, las autoridades indígenas pasarían a ser autoridades ambientales.

A través de este documento, el presidente Gustavo Petro le dio a las autoridades indígenas el estatus de Autoridad Territorial, Económica y Ambiental (Atea).

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En diálogo con Caracol Radio, Valencia se refirió a la decisión consagrada en un decreto firmado en agosto de 2024, en el que el Gobierno nacional le entregó el control de los recursos hídricos del Cauca a los indígenas del departamento.

“Yo no sé qué positivo tendrá“, inició la integrante del Centro Democrático. Posteriormente, argumentó que esta decisión podría generar abusos en contra de campesinos y comunidades afros del departamento que dependen de estos recursos naturales para su supervivencia.

A través de sus redes, la senadora también explicó que con esta normativa, cualquier uso que se le dé a los ríos y quebradas del departamento debe ser avalado por el Cric. Lo anterior, ha generado cobros, restricciones, amenazas y abusos por parte de las comunidades indígena hacia los que emplean el líquido en sus actividades diarias.

La senadora explicó el alcance
La senadora explicó el alcance de la decsión del Gobierno nacional - crédito @PalomaValenciaL/x

Paloma, que además es oriunda de esa región, explicó que el documento firmado tiene orígenes históricos que se remontan a la prohibición de realizar actividades agrícolas por encima de los 3.000 metros de altitud.

La congresista también se remontó a los años 60, cuando la implementación de la reforma agraria en ese territorio produjo que cerca de 150.000 hectáreas fueran prohibidas para ser explotadas. Valencia argumentó que producto de una mala interpretación de la prohibición, las tierras pasaron a ser propiedad y competencia de las comunidades indígenas.

“Se las entregaron en su gran mayoría a los indígenas y otras algunos campesinos, lo que se interpretó por algunos como que solamente los indígenas podían tener tierras y empezaron a presionar a los campesinos para vender las tierras arriba de los 3.000 metros”, explicó la senadora durante el diálogo con el medio de comunicación citado.

Las comunidades indígenas tendrían el
Las comunidades indígenas tendrían el control total del agua del departamento - crédito Cric

Según lo divulgado en sus redes sociales, por cuenta de esta normativa y del grado de autoridad ambiental concedido al Cric desde el Gobierno nacional, las comunidades del departamento se estría viendo afectadas.

“Es preocupante lo que denuncia la comunidad de la zona, que ahora debe pedirle permiso al CRIC para sacar agua de la quebrada que cruza sus propias fincas”, denunció Valencia.

En la conversación con el medio radial, la senadora también alertó del escenario que se vive actualmente en el departamento, cuyo poder es cada vez más controlado por los indígenas.

“Hoy el escenario del departamento es que casi todas las tierras altas pertenecen a los indígenas y por supuesto de ahí para abajo está todo el campesinado que en el departamento del Cauca la gran mayoría es microfundios muy pequeños”, añadió.

Valencia explicó las facultades de
Valencia explicó las facultades de la Cric como autoridad ambiental - crédito @PalomaValenciaL/x

Las alertas de la congresista fueron más allá, incluso, se atrevió a asegurar que los indígenas podrían llegar a extralimitarse en su poder como autoridades ambientales. Esto debido a que cualquier juicio sobre los daños a los recursos hídricos del departamento estaría en mano de las autoridades indígenas, que también son autoridades ambientales.

“Entonces, por ejemplo, si los indígenas dicen que usted generó un daño ambiental grave, el Estado le podría extinguir el dominio de su finca, lo que es, expropiársela sin indemnización”, aseguró.

Las consecuencias de esta decisión, según Valencia, podrían impactar violentamente a los habitantes de la zona y de uno de los departamentos más violentos del país. Por ello, la senadora expresó su preocupación y aseguró que en la historia se pueden ver los posibles efectos de este decreto.

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