El exdirector de Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar está siendo blanco de críticas por una publicación en la que advirtió que creadores de contenido que antes respaldaban su trabajo político, ahora lo están atacando. De acuerdo con el exfuncionario, que ahora es precandidato presidencial, resulta problemático pensar que, tal vez, a algunos de los influenciadores les estarían pagando para ello y para promocionar a otros aspirantes.
“Veo con preocupación que influencers que antes hablaban bien de mí, ahora se han dedicado a hablar mal de mí sin yo darles motivos. Pero, calculo y creo que hay un trasfondo ahí y es que están promocionando otros candidatos. Yo digo, eso no está mal”, indicó, asegurando que jamás pagaría para que creadores de contenido denigren a sus compañeros de carrera electoral.
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En ese sentido, el precandidato instó a los demás aspirantes a unirse en una campaña en la que se informe a la ciudadanía cuando se entregue una remuneración económica a determinados influenciadores para que impulsen determinadas campañas políticas. Su propuesta se centra en añadir un hashtag en las publicaciones en las que aparezcan los creadores de contenido cumpliendo con esa labor.

“Es posible que un día le vaya a decir a algunos influencers: ‘Miren, por favor, ayúdenme a promocionar esta campaña’, y les voy a pagar, pero me comprometo ante ustedes a que le pondré este hashtag #PPP, que quiere decir publicidad política pagada, para que ustedes sepan”, expuso.
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Ante los señalamientos que hizo el exfuncionario, desde el movimiento político de liderazgo territorial y activismo digital Unir+ emitieron un comunicado en el que varios creadores de contenido exponen su rechazo a sus afirmaciones. Se trata de Ivonne Gómez, Julio Rodríguez, Alejandro Betancourt, Sebastián Vargas, Carlos Mario Patiño, Beto Coral, Alexander Chala, Adriana M. Ruiz, Miguel Moreno, David Rozo, Laura Martínez, Natalia Giraldo, Juliana Beltrán, Diana Albornoz, firmantes del documento.
Según informaron, no están recibiendo pagos de ningún tipo como los que mencionó Bolívar. “Rechazamos las declaraciones del precandidato Gustavo Bolívar y de los medios corporativos que nos acusan, sin pruebas, de actuar por pago o bajo coordinación. Las “bodegas” no existen. Lo que existe es un trabajo autónomo, disciplinado y comprometido con el cambio”, aclararon en la comunicación pública.
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De igual manera, aclararon que los activistas como ellos suscriban contratos con el Estado, garantizando siempre el cumplimiento de sus funciones y absteniéndose de comprar opiniones. Si estas reglas se cumplen, no estarían incurriendo en ninguna falta sancionable. En ese sentido, instaron a quienes están en desacuerdo con su vinculación laboral con el Estado a probar su posición ante la justicia.
Asimismo, defendieron su trabajo en redes sociales y su llegada a entidades del Estado, afirmando que sus logros y reconocimiento a nivel digital son el resultado de un arduo trabajo y no de un intercambio de favores: “Nunca nos hemos vendido ni lo haremos”.
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Por eso, también hicieron énfasis en la labor que han desempeñado dentro del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro: “Como activistas digitales contribuimos a la victoria del primer gobierno alternativo del siglo. Lo hemos defendido con convicción, a pesar de los ataques de medios y sectores políticos tradicionales”.

Finalmente, recordaron que algunos medios de comunicación, que deben centrar su trabajo en el periodismo y la divulgación de información de manera objetiva, funcionan bajo las reglas establecidas por grupos económicos que, incluso, financiarían las opiniones que difunden. Adicionalmente, su labor respondería a los intereses de las corporaciones que los sostienen y a “acuerdos oscuros”.
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“Reafirmamos nuestra independencia, coherencia y compromiso con una Colombia más justa. No fingimos objetividad: defendemos nuestras ideas con transparencia”, concluyeron.
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