La Mesa Territorial de Garantías de Risaralda informó sobre nuevas amenazas de muerte dirigidas contra civiles y líderes sociales en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda).
A propósito, en las últimas horas se difundió un panfleto a través de redes sociales y WhatsApp, en el que aparecerían los nombres de al menos diez personas que son declaradas “objetivo militar”.
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Según el comunicado divulgado el viernes 11 de julio, la comunidad enfrentaría un “riesgo inminente” tras la circulación del documento, que la Mesa atribuye al Frente Manuel Hernández El Boche del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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El texto establece que las personas mencionadas serían víctimas de “ejecuciones selectivas e inminentes” si no abandonan la zona.
Asimismo, el documento también alerta sobre una posible “limpieza” violenta en medio de disputas territoriales entre grupos armados organizados.
Respecto a la denuncia, una supuesta cuenta oficial en X del frente de guerra oriental Ogli Padilla del ELN, desmintió que fueran autores de los panfletos que circulan en la región.
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“El Fgocc-OP aclara que: panfletos a nombre del Frente Guerrillero Manuel Hernández el Boche en el municipio de Pueblo Rico Risaralda, donde se hace un listado de personas y se les amenaza de muerte es falso. Este tipo prácticas no corresponde a la política del ELN”, escribieron desde la supuesta cuenta del grupo guerrillero.
En otra publicación, indicaron investigaciones para esclarecer lo ocurrido. “Luego de falsas amenazas en Risaralda. Fgocc-OP desarrolla acciones de investigación en el terreno estableciendo: Comunidad afectada reclama cuentas por manejo de trasferencias $$ a uno de sus dirigentes, este se autoamenaza, incluye a otros y justifica no rendir cuentas a comunidad (sic)”, se lee en la publicación.
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Y es que en regiones rurales de Pueblo Rico, residentes y organizaciones sociales reiteraron la presencia de integrantes del ELN y del Clan del Golfo.
Del mismo modo, la zona ha sido escenario de recientes enfrentamientos armados entre el Ejército y estos grupos. La violencia se ha agudizado con el asesinato de un firmante de paz el 16 de junio y un ataque armado ocurrido el 28 del mismo mes en la vereda El Cinto, donde murieron tres personas y otras dos resultaron heridas.
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Eisenhower Zapata, defensor de derechos humanos y vocero ante la Mesa Nacional de Garantías, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. Además, resaltó la gravedad de las amenazas y advirtió sobre las afectaciones al tejido social y la seguridad de las comunidades. Entre los amenazados figuran integrantes de una misma familia.
“Estas amenazas constituyen un atentado gravísimo contra la vida, la integridad física y la seguridad de todo el tejido social de la región. Es inaceptable que civiles inocentes sean declarados objetivo militar, asesinados, amenazados y desplazados forzosamente por esos grupos armados. Recordamos que la población civil no hace parte del conflicto armado y debe ser respetada conforme al Derecho Internacional Humanitario”, detalló Zapata, citado por El Tiempo.
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La Mesa Territorial de Garantías solicitó la convocatoria urgente de un consejo de seguridad con participación de autoridades departamentales y municipales, la fuerza pública, la Fiscalía, el Ministerio Público y delegados de la entidad.
El objetivo es definir y ejecutar medidas inmediatas de prevención y protección, que incluyan presencia reforzada de las fuerzas policiales y militares, así como rutas de protección para las personas en riesgo.
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La organización también pidió reactivar el sistema de alertas tempranas y dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en informes previos.
En 2018, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta No. 043 advirtiendo sobre riesgos similares en Santa Cecilia. La Mesa de Garantías urgió a las instituciones a retomar estas recomendaciones para evitar episodios de violencia que afecten a líderes sociales, campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y a toda la población civil de la región.
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