Piden suspensión de Alfredo Saade por presunta extralimitación de funciones en caso de los pasaportes

La solicitud elevada ante la Procuraduría General de la Nación para que se adopten medidas cautelares y se suspenda provisionalmente a Alfredo Rafael Saade Vergel como jefe del Despacho Presidencial marca un nuevo giro en la disputa institucional asociada a la crisis de los pasaportes en Colombia.

Este requerimiento, cuya copia circula también en la oficina de Sonia Patricia Téllez, procuradora delegada para la vigilancia administrativa, busca fortalecer la investigación disciplinaria en curso y poner en evidencia lo que la Red de Defensa Ciudadana describe como una “falta gravísima dolosa”, señalando que la conducta de Saade justifica tanto la apertura formal de investigación como la inmediata suspensión provisional “conforme al artículo 157 ibídem”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reportaje publicado por Semana, el documento firmado por Leinder Molina Miranda recopila una serie de hechos recientes y verificables que apuntan a la presunta extralimitación de funciones del pastor Saade, quien asumió el cargo el 26 de junio de 2025.

La demanda sostiene que las actuaciones de Saade al frente del despacho presidencial comprometieron principios esenciales del orden constitucional “tales como la legalidad, la moralidad administrativa, el respeto por la autonomía de los órganos constitucionales, la transparencia y la continuidad del servicio público esencial de expedición de pasaportes”.

La queja disciplinaria introduce en detalle el contexto de la crisis contractual: la suscripción del Contrato No. 368 de 2024 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025, con un valor de $205.878.340.200,50 para cubrir la producción, personalización y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de agosto de 2025, o el agotamiento de recursos, lo que ocurriera primero.

Pese al rigor del esquema vigente, el 25 de junio de 2025 el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció ante la Procuraduría “que el cronograma para la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes había sufrido ajustes y que no sería viable iniciar operaciones el 1 de septiembre de 2025”.

Asimismo, se admitió que no existía aún convenio interadministrativo con el Gobierno de Portugal ni la infraestructura técnica requerida por parte de la Imprenta Nacional de Colombia para producir dichos documentos.

A partir de su designación, Saade habría asumido “un rol de vocero, articulador y promotor de decisiones contractuales sobre la expedición” de los pasaportes, “sin que existiera delegación formal o habilitación jurídica para intervenir en dicho proceso”, según la carta divulgada.

La acusación se refuerza con declaraciones públicas atribuidas al propio Saade, quien, en entrevista con Blu Radio el 2 de julio, sostuvo: “yo estoy articulando el contrato con Portugal”, además de asegurar que la Imprenta Nacional sería la nueva responsable de la expedición de pasaportes a partir del 1 de septiembre. En esa misma conversación, anunció: “Vamos a firmar en horas, si no estoy mal”.

El texto cita expresamente otro pasaje de esa entrevista, en el que Saade se refirió al inventario de pasaportes: “Ellos tienen una obligación con nosotros, dejando aproximadamente 600.000 libretas creadas de pasaporte. Esas 600.000 libretas nos permiten alrededor de seis meses de trabajo para poder entregarle a los colombianos el pasaporte, como lo manda la ley”.

Sin embargo, la Red de Defensa Ciudadana sostiene que tales afirmaciones evidencian desconocimiento del marco contractual vigente y la imposibilidad real de garantizar la continuidad del servicio aquel 1 de septiembre.

La queja también resume cómo Saade manifestó públicamente su intención de pedir información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre personas presuntamente vinculadas al proceso de pasaportes, pese a que tal solicitud solo corresponde a la Fiscalía General de la Nación o a instancias judiciales formales.

Para la parte denunciante, este gesto “representa una posible transgresión de los principios de legalidad y de separación de funciones”.

En nueva entrevista, esta vez con W Radio el 7 de julio de 2025, se indicó que “nuestro convenio, el convenio interadministrativo internacional para la cooperación y participación en la elaboración de las libretas de pasaporte y la personalización de los documentos de viaje y etiquetas de vista de la República de Colombia, se va a hacer con Portugal. Por lo tanto, nosotros comenzamos una relación con Portugal. (…) aspiramos vernos en el día de mañana con todas las personas de Portugal aquí en Colombia...”. Así, para los denunciantes, quedaría claro que Saade asumió una función protagónica en decisiones contractuales y relaciones diplomáticas complexas sin competencia legal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de cartas fechadas el 1 y 2 de julio de 2025 y firmadas por el ministro encargado Mauricio Jaramillo Jassir, habría reiterado ante la Presidencia que el contrato vigente “garantizaba la prestación del servicio esencial de expedición de pasaportes solo hasta el 31 de agosto de 2025” y que cualquier transición a un nuevo esquema no podía implementarse sin los soportes técnicos y jurídicos adecuados.

Específicamente, subrayaron “las carencias técnicas y funcionales del documento de entendimiento suscrito con Portugal” y remarcaron que toda transición debía supeditarse “a parámetros técnicos no negociables, previamente definidos”.

La entonces canciller Laura Camila Sarabia Torres denunció públicamente en entrevista con Cambio Colombia que Saade “se había autoproclamado como líder y vocero del proceso de expedición de pasaportes, interviniendo directamente en decisiones administrativas sin contar con competencia legal ni delegación alguna”.

Asimismo, Sarabia aseguró que, durante una visita suya al exterior, Saade “convocó al equipo de la Cancillería e impartió instrucciones contrarias” a las de la autoridad ministerial, entre ellas, demorar la asignación de citas para estirar los remanentes de pasaportes disponibles.

Esto “alteró el curso de las decisiones administrativas, vulnera la jerarquía institucional del Ministerio y generó un quiebre interno de autoridad”, describe la denuncia.

El informe también recoge la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que el 7 de julio realizó una visita de vigilancia preventiva a la Cancillería por petición expresa de la entonces ministra. En dicha ocasión quedó confirmado que “el stock de libretas de pasaporte en poder de la UT solo alcanza hasta el 31 de agosto de 2025; no existe disponibilidad para cubrir el servicio después de esa fecha” y que “al 7 de julio de 2025 no existía convenio suscrito ni cronograma aprobado para la implementación del nuevo modelo”.

Se añade que el 9 de julio de 2025, la Procuraduría General anunció la apertura de una investigación disciplinaria preliminar contra Alfredo Rafael Saade Vergel, Laura Camila Sarabia Torres y Luis Gilberto Murillo por supuestas irregularidades en la transición del esquema de expedición de pasaportes.

Para el caso de Saade, se investiga principalmente “una posible extralimitación de funciones al impartir órdenes operativas a funcionarios de Cancillería, incluyendo la instrucción de retrasar citas para ‘rendir’ el inventario de libretas, sin competencia legal para ello”.

En respaldo de la queja disciplinaria, la Red de Defensa Ciudadana efectúa un análisis de derecho, recordando que el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia legitima a cada ciudadano para denunciar posibles faltas de los servidores públicos, y que el Código General Disciplinario prevé la adopción de medidas cautelares de suspensión en casos de gravedad institucional o riesgo de reiteración.

 En palabras del comunicado, “la conducta atribuida al señor Saade Vergel se adecúa de manera típica, antijurídica y culpable a los numerales 1 y 20 del artículo 54 del Código General Disciplinario, constituyendo una falta gravísima dolosa”.