El expresidente Álvaro Uribe Vélez cerró su intervención en el juicio que enfrenta por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.
Hace 13 años comenzó este proceso contra el exmandatario colombiano (2002-2010), que se convirtió en uno de los más complejos en la historia reciente de Colombia.
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Origen del caso
En febrero de 2012, el líder natural del Centro Democrático denunció al senador Iván Cepeda, presunta víctima en este juicio, por abuso de función pública, fraude procesal y calumnia agravada.
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El expresidente Álvaro Uribe decidió denunciar a Cepeda luego de que este publicara declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, en las que lo señalaban a él y su hermano (Santiago Uribe) de haber auspiciado a grupos paramilitares en Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de archivar la denuncia contra el senador Cepeda, pero inició una investigación contra Álvaro Uribe, por presuntos indicios de manipulación de testigos.
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El abogado Diego Cadena, sobre quien la Fiscalía pidió el martes 8 de julio de 2025 una condena por presunto soborno y manipulación de testigos relacionados con estos mismos hechos, recopiló varios testimonios de exparamilitares en distintas cárceles del país entre el 19 y 22 de febrero de 2018.
Por esas fechas, Cadena visitó a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota, hechos que quedaron registrados en video a través de un reloj espía. Según Deyanira Gómez, el exparamilitar le pidió el dispositivo para grabar el encuentro.
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La grabación llegó a la Corte Suprema a través del abogado de Iván Cepeda Inicia el proceso contra Álvaro Uribe.
Proceso en la Fiscalía
El proceso contra Álvaro Uribe Vélez se encontraba en la Corte Suprema porque para esos años era senador de la República. En 2019, el expresidente fue llamado a indagatoria. En agosto de 2020, la Sala de Instrucción ordenó la detención de Uribe Vélez.
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El 18 de agosto de 2020, el líder natural del Centro Democrático renunció a su curul, razón por la cual el caso pasó a la Fiscalía.
Designación de fiscales
Gabriel Jaimes (septiembre 2020 – agosto 2022) fue designado por Francisco Barbosa, entonces fiscal general. Jaimes pidió precluir el proceso en favor de Uribe.
Fue recusado por posibles conflictos de interés y señalado por falta de imparcialidad. En abril de 2022, la jueza Carmen Helena Ortiz rechazó su solicitud de preclusión por no sustentar adecuadamente la inexistencia del delito ni la inocencia del acusado.
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El siguiente en ser elegido fue Javier Cárdenas (agosto 2022 – mayo 2023) que volvió a solicitar la preclusión en octubre de 2022.
En mayo de 2023, la jueza Laura Barrera negó por segunda vez la preclusión, señalando que había méritos para llamar a juicio a Uribe. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó esa decisión en octubre de 2023.
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Los siguientes fueron Andrés Palencia y Víctor Salcedo (enero 2024 – abril 2024) Palencia renunció en enero, aduciendo razones personales. Fue reemplazado por Víctor Salcedo, cuestionado por sus opiniones públicas a favor de Uribe. Este periodo fue breve y sin avances relevantes.
Gilberto Villarreal (abril – junio 2024) fue el primer fiscal que formalmente acusó a Uribe el 9 de abril de 2024 por fraude procesal y soborno a testigos. Villarreal fue recusado por la defensa de Uribe, lo que abrió paso a un nuevo cambio de fiscal.
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Marlene Orjuela Rodríguez fue la fiscal que asumió el caso desde el 4 de junio de 2024 y fue la encargada de sustentar toda las evidencias en contra de Álvaro Uribe.
Pruebas
El 24 de febrero de 2025 inició la intervención de los testigos, donde pasaron Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve, Andrés Felipe Arias, Néstor Humberto Martínez, Rodrigo Lara, Pablo Hernán Sierra, Carlos Enrique Vélez, entre muchos otros.
Durante todo ese proceso, las principales pruebas presentadas fueron las grabaciones con el reloj espía, que, según la defensa de Álvaro Uribe, fueron manipuladas; los pagos de Diego Cadena a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, las cartas presentadas por el abogado Diego Cadena; y las interceptaciones a las llamadas de Álvaro Uribe y el abogado Cadena.
En las interceptaciones a las llamadas entre Uribe y Cadena, la Fiscalía sostiene que el expresidente sabía de las actuaciones del abogado. La defensa, por su parte, reiteró durante el juicio que nunca debieron ser consideradas como pruebas, porque eran conversaciones entre abogado- cliente y fuero gravadas accidentalmente por la Corte Suprema.
A la fecha, ningún juez le ha dado la razón a la defensa de Álvaro Uribe Vélez, porque Cadena no era el abogado del exmandatario, sino un jurista contratado para recoger testimonios.
Tesis de las partes
Lo que sostiene la Fiscalía
La Fiscalía pidió condenar al expresidente Álvaro Uribe al considerar que, a través de su abogado Diego Cadena, promovió visitas a cárceles del país con el propósito de obtener declaraciones falsas contra el senador Iván Cepeda.
Según el ente acusador, esas acciones habrían buscado modificar versiones judiciales que relacionaban a Uribe con estructuras paramilitares.
El planteamiento de la defensa
Por su parte, la defensa del exmandatario ha reiterado que Uribe no ordenó ofrecer beneficios a testigos, y que su intención siempre fue que los declarantes dijeran la verdad ante los tribunales.
Según su equipo jurídico, todo se trataría de una estrategia dirigida por Cepeda con el fin de afectar su imagen pública y vincularlo a actividades ilegales.
Fecha de la sentencia
El 28 de julio de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia dará a conocer su decisión en primera instancia, donde condenará o absolverá al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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