
La sostenibilidad del sistema de salud colombiano continua en el centro del debate. Esta vez, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) elevó un llamado directo a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) para que refuercen sus mecanismos de auditoría y control, como parte de un plan más amplio que busca prevenir una eventual quiebra generalizada de los actores del sector.
El pronunciamiento se produjo tras una mesa técnica que reunió a 27 EPS activas en el país. En ese encuentro, convocado por la Supersalud, se abordaron varios puntos críticos, entre ellos, las fallas en la facturación de servicios, el acceso desigual a tecnologías médicas y los desafíos que persisten para atender adecuadamente a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.
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Uno de los énfasis del organismo fue la necesidad de ajustar las prácticas contables dentro de las EPS. La entidad reiteró que, “deben facturarse únicamente los servicios que realmente se prestan”, al tiempo que señaló que se requiere “una mejor auditoría de sus propias cuentas”. El objetivo es poner freno a posibles ineficiencias y evitar que se diluyan recursos públicos en procedimientos que no se realizaron o que no cuentan con justificación clínica.
Más allá del análisis técnico, la Superintendencia de Salud coincidió con la Contraloría General de la República en que el sistema enfrenta “problemáticas estructurales”. Sin embargo, la discusión sobre las causas de fondo sigue abierta. ¿El problema es una insuficiencia de recursos o una ejecución ineficiente de los mismos? Para el ente de control, esta pregunta debe abordarse sin dilaciones si se quiere encaminar una solución sostenible.
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En ese mismo sentido, la Supersalud reiteró que las intervenciones administrativas sobre las EPS no buscan liquidarlas, sino “administrarlas” para garantizar su viabilidad operativa. El enfoque, explicó, es preservar la prestación del servicio sin interrumpir la atención de millones de usuarios, mientras se introducen ajustes internos que eviten que las entidades terminen colapsando financieramente.

Uno de los temas que más inquietud generó entre los pacientes, especialmente aquellos con condiciones crónicas, es el acceso a tecnologías en salud. Según la Superintendencia de Salud, todavía persisten “barreras administrativas” que impiden que algunos de estos usuarios reciban la atención integral que necesitan. En particular, se refirieron a los gestores de medicamentos, que no siempre cumplen con los tiempos y alcances requeridos para cubrir tratamientos de alto costo.
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Como parte de las soluciones propuestas, también se discutió la posibilidad de establecer mecanismos de negociación conjunta entre las EPS y la industria farmacéutica. Esta iniciativa podría traducirse en una mayor eficiencia en la adquisición de medicamentos y tecnologías, reduciendo costos y optimizando el uso de los recursos disponibles en el sistema. Además, se espera que esta estrategia facilite una mayor transparencia en los procesos de contratación y permita un acceso más equitativo a tratamientos innovadores, especialmente en patologías de alto costo que actualmente generan una presión financiera considerable sobre el sistema de salud.
La Supersalud señaló que muchas de las intervenciones que se vienen adelantando están relacionadas con deudas acumuladas por parte de la Cuenta de Presupuesto de Servicios de Salud (CPS), lo que desencadenó un efecto dominó que impacta directamente en la liquidez de las EPS y, en consecuencia, en su capacidad para responder a las necesidades de los usuarios.
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Por todo esto, el mensaje de fondo es claro, las EPS deben asumir un rol más activo y riguroso en el seguimiento de sus propias operaciones financieras y asistenciales. Solo así, advierte la Superintendencia de Salud, se podrá avanzar hacia un sistema más eficiente, transparente y centrado en el bienestar de los ciudadanos.
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