Asesor del presidente de Ecopetrol denunció persecución política y bloqueo laboral: “Castigaron a quienes no se arrodillaron”

Esteban Restrepo, asesor del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y excandidato a la Gobernación de Antioquia, denunció una presunta campaña de persecución política, judicial y laboral en su contra, que —según él— también afecta a personas cercanas a su entorno.

A través de una declaración pública, señaló que trabajadores sin filiación política han sido estigmatizados por su cercanía personal o profesional con él.

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“El único pecado de ellos es conocerme a mí, nada más. Es tremendo”, expresó Restrepo, quien afirmó que los ataques se han extendido a familiares, amigos y conocidos.

“Han arremetido contra nuestras familias, amigos y conocidos. Les cobran el hecho de no seguir a Fico ni al gobernador de Antioquia, ni hacer parte de esa cofradía de políticos que se creen los dueños de Medellín”.

En su declaración, también reveló que recientemente presentó un derecho de petición ante varias fiscalías del país, incluida la seccional de Medellín, para consultar si existían investigaciones penales en su contra.

Confirmó que tiene dos procesos activos por el delito de injuria, ambos relacionados con denuncias del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“La respuesta fue muy clara: tengo dos procesos activos, ambos por injuria [...] Y no tengo más procesos, y mucho menos aquellos en los que se inventan todos los días”.

Restrepo advirtió que detrás de estas denuncias hay una estrategia coordinada de presión que combina publicaciones, señalamientos y efectos en la justicia.

“Y con eso presionan a la Fiscalía. Es un método sistemático. Publican, siembran, presionan. Un linchamiento mediático planificado”.

Además, responsabilizó a la administración actual de Medellín, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, de haber promovido la exclusión laboral de miles de trabajadores vinculados a la administración anterior de Daniel Quintero.

“Cogieron el listado de más de 12.000 empleados y los enviaron a las empresas de Medellín para que ni siquiera en lo privado los pudieran contratar. Son unos canallas. Castigaron a quienes no se arrodillaron ante ellos”, aseguró.

El asesor pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar lo que calificó como un modus operandi sistemático para anular políticamente a quienes piensan diferente.

Restrepo también hizo un llamado a las autoridades judiciales para que investiguen lo que calificó como un patrón sistemático de persecución política:“Le pido a la Fiscalía General de la Nación que investigue este modus operandi y a la seccional de Medellín que no se preste para este show jurídico que solo busca asesinar moralmente a quienes piensan diferente en democracia”.

Finalmente, concluyó su declaración reafirmando su posición frente a los ataques que asegura estar enfrentando:“Podrán tener ellos dinero, influencias y medios de comunicación, pero no, no van a quebrar la verdad. Se defiende con la frente en alto, y aquí estamos y estaremos. La batalla continúa y los vamos a derrotar”.

La presunta investigación contra Restrepo

Según El Colombiano, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la adquisición y remodelación de la Finca Hotel Sawa, con inversiones por más de $2.000 millones que no se justifican con los ingresos de las empresas familiares vinculadas a Esteban Restrepo Taborda.

La investigación se centra en dos empresas, Vásquez Inverliano SAS y Sawa Finca Hotel SAS, cuyos principales accionistas son familiares de Restrepo. Vásquez Inverliano aumentó su capital de $635 millones a más de $1.300 millones en menos de dos años, aunque reportó utilidades mínimas, lo que genera dudas sobre el origen de los recursos económicos.

Testimonios apuntan a un esquema de direccionamiento de contratos públicos y cobro de coimas, en el que Restrepo y allegados, incluido el hermano de Quintero, habrían participado.

Además, otros exfuncionarios como Juan Pablo Ramírez, Santiago Preciado y Karen Delgado están bajo escrutinio por contratos con la administración y posibles irregularidades.

También se investiga un posible desvío de recursos del Presupuesto Participativo de Medellín, en un entramado que involucra a funcionarios y sus redes familiares y políticas durante la administración de Quintero.