La conmemoración de los 34 años de la Constitución Política de 1991 no solo fue una oportunidad para celebrar el pacto fundacional que redefinió el rumbo institucional del país. También fue un escenario para poner sobre la mesa las tensiones, retos y omisiones que siguen afectando el cumplimiento de los derechos fundamentales en Colombia.
Durante la jornada, organizada por la Corte Constitucional el 4 de julio, el presidente de la corporación, Jorge Enrique Ibáñez, fue enfático al compartir una cifra que sorprendió incluso entre los asistentes, desde 1992 hasta hoy, se han presentado casi 11 millones de tutelas por parte de ciudadanos que, ante la falta de respuesta del Estado, tuvieron que recurrir a los jueces para proteger sus derechos.
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“A veces las autoridades públicas no garantizan los derechos de la Constitución. Hay casi 11 millones de tutelas desde 1992 hasta hoy, donde piden al juez que amparen los derechos fundamentales y exigen una respuesta judicial ante la ausencia de respuestas de la administración”, dijo Ibáñez, en un mensaje que fue más allá del balance institucional y apuntó directamente a los desafíos de gobernabilidad y justicia en el país.
El evento, que se desarrolló en Bogotá, no fue un acto simbólico más. Reunió a figuras clave del derecho constitucional, miembros de la academia, constituyentes históricos, magistrados y al alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán. Fue, además, una jornada cargada de reflexiones, paneles de discusión, conferencias y homenajes a quienes participaron en la Asamblea Nacional Constituyente que redactó y proclamó la carta política vigente.
Ibáñez, en su discurso de apertura, también aprovechó para enviar un mensaje contundente sobre la importancia de preservar el Estado de derecho. “Hoy celebramos las instituciones, los mecanismos, los principios democráticos y normativos que nos permitieron construir, diseñar, decretar y proclamar la constitución política de 1991”, expresó ante un auditorio que lo escuchó con atención.
En su intervención, el magistrado no esquivó los temas sensibles. Al contrario, reiteró la necesidad de que tanto la sociedad civil como los poderes públicos respeten las decisiones judiciales y reconozcan la legitimidad de las instituciones. En sus palabras, hubo un llamado claro a proteger los avances democráticos que se han construido desde el texto constitucional.
“El día de hoy, a todos los colombianos y colombianas, nos convoca la unión por la celebración de un hito fundamental en la historia constitucional de Colombia, el trigésimo cuarto aniversario de la Constitución Política de 1991, proclamada el 4 de julio de 1991 y promulgada el 7 de julio del mismo año, hoy cuando nos aprestamos a celebrar también el próximo 20 de julio, los 215 años de autonomía, nacionalidad, nacimiento y construcción de la República y el próximo 7 de agosto los 206 años de la independencia”, añadió Ibáñez, integrando la efeméride constitucional en un contexto histórico más amplio.
La cifra de tutelas no fue mencionada como una simple estadística. Fue usada como termómetro de una realidad que, tres décadas después, sigue reflejando brechas profundas en el acceso efectivo a los derechos. Aunque la acción de tutela se reconoce como uno de los grandes legados del texto del 91, su uso masivo también revela una paradoja, muchos colombianos solo encuentran protección en el juez, cuando otras instituciones han fallado en garantizarla.
La Corte Constitucional quiso que esta conmemoración no fuera solo memoria, sino reflexión activa. El mensaje de fondo fue claro, no basta con tener una constitución moderna si su aplicación diaria no se traduce en justicia, equidad y cumplimiento de derechos para todos.
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