A mediados de 2025, la Contraloría General de la República concluyó una auditoría financiera sobre la Universidad Nacional correspondiente a la vigencia 2024. Los resultados, que llegaron hace pocos días al despacho del rector, Leopoldo Múnera, pusieron bajo la lupa la gestión financiera y contractual de la institución pública más grande del país.
El informe reveló un total de 12 hallazgos administrativos. De ellos, ocho podrían tener implicaciones disciplinarias y seis presentan una presunta incidencia fiscal, que asciende a $374 millones, según aclaró el ente de control. Esto, frente a algunas versiones erróneas que circularon en redes y medios, donde se hablaba de $374.000 millones.
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Buena parte de ese posible detrimento patrimonial —alrededor del 80%, es decir, $302 millones— proviene del reconocimiento que hizo la propia universidad sobre el incumplimiento parcial de un contrato firmado con el Ministerio de Vivienda, a través de la Facultad de Ingeniería. Este acuerdo buscaba elaborar diseños técnicos y tramitar licencias para intervenir sedes del ministerio, además de estructurar procesos de contratación. La ejecución, sin embargo, quedó corta frente a lo pactado.
Los otros tres hallazgos con mayor peso económico se relacionan con contratos de infraestructura en distintas sedes de la universidad. En La Paz, por ejemplo, la Contraloría detectó pagos por obras no ejecutadas en la construcción de laboratorios y aulas, dentro de un contrato con Obreval S.A. Allí se habría producido un detrimento de más de $24 millones por trabajos no realizados o entregados con un deterioro prematuro.
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Otro caso se identificó en Bogotá, con las obras de mantenimiento del Edificio Yu Takeucho. Pese a haber sido entregadas en febrero de 2021 por un valor superior a $642 millones, una visita técnica reveló daños atribuibles a la desatención del contratista frente a observaciones de la supervisión. A eso se suma una gestión ineficiente por parte de la universidad para hacer efectivas las pólizas, lo que generó un presunto detrimento de casi $23 millones.
El tercer hallazgo significativo fue en el edificio 201, sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Urbanciscon S.A.S., encargada del reforzamiento estructural y restauración arquitectónica, habría recibido pagos por trabajos que no se ejecutaron o que no cumplían con los estándares de calidad, según indicó la Contraloría. El presunto daño al patrimonio público allí se calcula en poco más de $17 millones.
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Para Andrey Rodríguez León, contralor delegado para el sector de Educación, Ciencia y Tecnología, estos resultados dejan en evidencia debilidades en los procesos de supervisión y ejecución de obras. La Universidad Nacional tendrá ahora 15 días hábiles para presentar un plan de mejoramiento que atienda cada uno de los hallazgos detectados.
La institución, que ha sido referente académico en el país, enfrenta así una revisión profunda de su manejo financiero, mientras desde el control fiscal insisten en la necesidad de garantizar que los recursos públicos se ejecuten con eficiencia, transparencia y cumplimiento.
La crisis en la universidad
La auditoría realizada por la Contraloría General a la Universidad Nacional de Colombia revela un síntoma preocupante de debilidad institucional en la gestión de recursos públicos, particularmente en el ámbito de la educación superior. Que la principal universidad pública del país enfrente doce hallazgos administrativos, no solo cuestiona su eficacia administrativa, sino que mina la confianza ciudadana en una institución clave para la formación científica y humanista del país.
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Esto sugiere fallos estructurales en la planificación y ejecución de proyectos, así como en el cumplimiento de compromisos interinstitucionales. Casos como los detectados en La Paz, Bogotá o la sede de Derecho en la capital evidencian una cadena de deficiencias, supervisión técnica débil, contratistas que incumplen, y falta de acciones correctivas como el cobro efectivo de pólizas.
El impacto de estos desfases no es únicamente económico. La Universidad Nacional, al ser un emblema académico, arrastra con estas fallas una pérdida reputacional que puede afectar su legitimidad frente a la opinión pública y los entes de financiación. La exigencia ahora no es solo presentar un plan de mejoramiento, sino reconstruir una cultura institucional basada en la transparencia, la vigilancia rigurosa de los contratos y una ética pública intachable.
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