La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones en la atención de solicitudes de protección presentadas por líderes sociales que requieren esquemas de seguridad.
La pesquisa también indaga sobre la posible reasignación irregular de agentes de protección a funciones administrativas, pese a la insuficiencia de personal para labores de seguridad, lo que habría debilitado la capacidad operativa de la entidad.
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Esta investigación surge luego de denuncias públicas que evidenciaron la crisis en la protección de líderes sociales en Colombia.
El medio relató casos en los que la UNP no entregó la protección necesaria o la asignó tardíamente, incluso después de que las personas protegidas fueran víctimas de atentados o asesinatos. Un caso emblemático fue el de un líder social cuyo esquema de protección llegó al funeral, demostrando la gravedad de las fallas.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que hasta mayo de 2025 fueron asesinados 79 líderes sociales en departamentos como Cesar, Bolívar, Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Santander, Guaviare, Caquetá, Nariño, Chocó, Huila, Magdalena y Vichada.
En 2023, la cifra fue de 173 víctimas, confirmando una preocupante tendencia de violencia sistemática contra quienes defienden derechos y lideran procesos sociales en zonas afectadas por grupos armados ilegales.
La Procuraduría busca esclarecer si Rodríguez Ballesteros incurrió en falta disciplinaria, identificar los motivos de las presuntas omisiones y verificar si existen causas para excluir su responsabilidad.
Entre las pruebas solicitadas se incluyen copias de las respuestas de la UNP a solicitudes de protección hechas por el partido Centro Democrático, un informe detallado sobre las medidas adoptadas desde 2023 y un listado con nombres, cargos y datos de contacto de los funcionarios responsables de garantizar la seguridad para los miembros de esa colectividad.
La queja que dio origen a la investigación fue presentada el 8 de junio por Gabriel Jaime Vallejo, director nacional del Centro Democrático, quien afirmó haber solicitado reiteradamente al director de la UNP medidas de protección para miembros de su partido con cargos públicos.
Desde 2023 se habrían presentado múltiples solicitudes para revisar y fortalecer los esquemas de seguridad, sin que la UNP respondiera oportunamente.
Además, el caso del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay está incluido en el expediente. El 7 de junio, Uribe resultó gravemente herido en un ataque sicarial.
Su abogado, Víctor Mosquera, indicó que en 2025 se hicieron 23 solicitudes de protección para el precandidato, la última apenas dos días antes del atentado.
Posteriormente, la UNP reconoció que el esquema asignado era limitado en ese momento, evidenciando debilidades institucionales en la respuesta a amenazas concretas.
La Procuraduría ordenó diligencias para esclarecer el caso, como solicitar a la UNP un informe sobre cuántas solicitudes ha recibido, cuántas respondidas y bajo qué criterios, además de los programas de protección implementados desde agosto de 2022.
También investiga el presunto uso indebido de agentes reasignados a tareas administrativas pese a la necesidad urgente de reforzar la seguridad.
Este proceso disciplinario se da en un contexto marcado por la persistente violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades vulnerables, en regiones donde operan grupos armados ilegales.
Algunos de estos grupos han sostenido negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro, lo que añade complejidad a la situación de seguridad.
Recientemente, la Fiscalía General informó sobre el hallazgo de ocho cuerpos de líderes sociales y religiosos en una fosa común en Calamar, Guaviare.
Según la Fiscalía, un frente de las disidencias de las Farc habría citado a estas personas y luego las desapareció. Esto llevó a activar mecanismos de búsqueda urgente en abril, tras denuncias sobre la citación hecha por el frente armado Armando Ríos.
La situación refleja una problemática profunda: la seguridad de los líderes sociales sigue siendo precaria, y la respuesta institucional ha sido insuficiente para garantizar su protección efectiva.
La UNP, creada para atender estas demandas, enfrenta cuestionamientos por presuntas negligencias que ponen en riesgo vidas y debilitan su función.
El decreto 4065 de 2011 establece responsabilidades claras para la UNP en atender y garantizar la protección de personas en riesgo, en especial líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, desde 2022 la entidad habría incumplido estas obligaciones, lo que motivó la apertura formal de esta investigación disciplinaria.
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