Mientras cerca de 350 niños y adolescentes han debido dormir a la intemperie en el emblemático parque Nacional desde el 19 de mayo, interrumpiendo su acceso regular a servicios sociales y educativos, voceros de la comunidad emberá impidieron esta semana, nuevamente, que los menores accedieran a las rutas y centros de atención dispuestos por el Distrito de Bogotá.
La Secretaría de Integración Social, en cabeza de Roberto Angulo, denunció que autodenominados líderes indígenas negaron el traslado de los menores en la mañana del miércoles 2 de julio, hasta tanto la Unidad para las Víctimas, entidad del Gobierno nacional, no entregue los mercados prometidos.
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La Secretaría detalló que desde el martes 1 de julio, los líderes emberá bloquearon el acceso de niños y adolescentes a los servicios ofrecidos por los centros Amar y Abrazar, a pesar de que estos centros proporcionan atención integral, alimentación y acompañamiento escolar.
La decisión, según argumentan los voceros de la comunidad, se tomó a la espera de la entrega de ayudas alimentarias gestionadas por la Unidad para las Víctimas y la Dirección de Prosperidad Social.
“Por segundo día consecutivo, el distrito a través de la Secretaría de Integración Social expresa su preocupación porque los voceros de la comunidad emberá han bloqueado el acceso de los niños y niñas a los servicios de infancia de Integración Social. Hoy solo pudimos llevarnos 22 niños a nuestros servicios. Aquí hay 350 niños; regularmente asistían entre 130 y 140 y solamente pudimos llevarnos 22″, señaló el secretario de Integración social.
Entretanto, la Unidad para las Víctimas señaló su papel como “facilitadores” en la distribución de mercados, respaldando la entrega que realiza la Dirección de Prosperidad Social.
El último reparto se dio el jueves 26 de junio en la UPI La Rioja, y las entidades prevén una nueva entrega para finales de esta semana o comienzos de la próxima, directamente en el parque Nacional, según información conocida por El Tiempo.
Sin embargo, el impedimento para los menores no resultó una medida colectiva, pues padres de familia estarían en contra de la decisión de los voceros de la comunidad que hoy mantiene asentada en el centro de Bogotá.
“Aquí está pasando una cosa muy grave. Los padres y las madres están de acuerdo con que nosotros nos llevemos a sus hijos a los servicios de Integración Social, pero son los voceros los que lo impiden. Hay una contradicción entre la voluntad de los padres y las madres y los voceros. El señor Fernando Marugama no ha permitido que nosotros trabajemos con los niños de la comunidad”, señaló Roberto Angulo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Integración Social reportados hasta ahora, en promedio, 132 niños han acudido regularmente desde el 22 de mayo a los servicios de los centros Amar y Abrazar. Sin embargo, entre el 1 y 2 de julio, solo entre 12 y 22 menores accedieron a los servicios, reflejando la nueva restricción impuesta.
El grupo emberá llegó el 19 de mayo al parque Nacional para montar cambuches y visibilizar sus reclamos, exigiendo el cumplimiento de acuerdos previos que facilitarían el retorno a sus territorios. Desde entonces, cientos de menores han pasado las noches en carpas, desprovistos de condiciones básicas en un espacio sin luz, agua ni instalaciones de cocina.
El problema se agrava, destaca el informe, por la repetida manipulación de la infancia indígena en medio de las protestas. El 20 de mayo, menores que iban en buses hacia los centros Amar y a sus colegios, donde reciben alimentación completa, fueron obligados a descender de los vehículos por integrantes de la llamada guardia indígena. Funcionarios distritales de Educación e Integración Social presenciaron directamente estos hechos.
A raíz de este bloqueo, ambas secretarías trasladaron a una parte de su personal docente y de apoyo al parque Nacional, buscando brindar acompañamiento educativo y social en el propio asentamiento temporal para no dejar a los niños y adolescentes completamente desprotegidos.
En episodios anteriores, incluyendo la ocupación inicial del parque Nacional a comienzos de mayo, también se registraron casos en que se denunció la utilización de menores por parte de líderes de la comunidad, exponiéndolos a condiciones inadecuadas y a riesgos por permanecer a la intemperie, dentro de carpas y sin servicios mínimos.
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