Exfiscal Alfonso Gómez Méndez propuso al Congreso “desaforar” a Gustavo Petro para facilitar investigaciones: “Impunidad pura”

El 27 de junio de 2025, la Corte Constitucional confirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no podrá investigar al presidente Gustavo Petro por la presunta violación de topes electorales en las campaña presidencial en 2022.

Al respecto, Alfonso Gómez Méndez, exfiscal General de la Nación, lanzó una controvertida propuesta para investigar al jefe de Estado.

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En su columna de opinión, publicada en El Tiempo, el exfiscal Gómez Méndez cuestionó la posición de los cinco magistrados de la Corte Constitucional.

“La Corte, de acuerdo con su planteamiento, decide enviar el caso a la Comisión de Acusación, convertida históricamente, por su origen político, en un monumento a la impunidad judicial. Lo que está mal diseñado constitucionalmente es el sistema”, indicó Gómez Méndez.

El exfiscal planteó cambiar el “sistema”. Planteó que el Congreso desafore al presidente, y así llevar a cabo un juicio independiente.

“Dos ideas para cambiarlo: que el Congreso se limite a desaforar al presidente (Gustavo Petro) y, que un tribunal de verdad, el de aforados que en equivocada decisión tumbó la Corte Constitucional, realice el juicio independiente. Así se harían compatibles estabilidad política y justicia. Lo de ahora es impunidad pura y simple”, aseveró Gómez Méndez.

La decisión de la Corte Constitucional dejó claro que a Gustavo Petro y a los futuros presidentes de Colombia solo los podrá investigar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, órgano legislativo que no ha tomado una decisión contundente contra algún mandatario en su momento.

Por tal motivo, el exfiscal recordó varios casos: “En el siglo XX solo fue llevado a juicio Rojas Pinilla, no por delitos políticos sino por un caso de contrabando de reses. Prosperó porque los jueces fueron sus enemigos políticos. Fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia y rehabilitado por el Tribunal Superior de Bogotá, lo que le permitió hacer política y llegar a ser candidato presidencial y cuyo triunfo, desconocido para algunos, fue el origen del M-19″.

Además, mencionó lo sucedido con el expresidente Ernesto Samper, caso que se conoce como el ‘Proceso 8.000′.

“Samper no alcanzó a ser juzgado por el Senado por las acusaciones de financiación ilícita de su campaña, ya que la Cámara de Representantes precluyó la investigación, liderada por amigos políticos. Sus enemigos votaron por llevarlo a juicio. Por cierto, un gran político y jurista, Darío Martínez, convenció a sus colegas de la preclusión, pero el día de la votación tuvo un problema de salud y por eso, cuando la Corte investigó a los congresistas, no lo hizo contra él”, indicó Gómez Méndez.

Cómo va la investigación

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada del proceso contra el presidente Gustavo Petro por la presunta violación de topes electorales en su campaña presidencial de 2022, sigue sin poder avanzar en el caso debido a la falta de trámite de dos recusaciones presentadas contra sus investigadores.

Esta situación ha generado una suspensión que ya completa tres meses, sumándose a los diez meses previos de parálisis por motivos similares.

En un comunicado oficial fechado el 27 de junio de 2025, el representante Alirio Uribe Muñoz, coordinador del triunvirato investigador junto con los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmar Carrillo, expresó su preocupación por la prolongada suspensión: “Desde principios de marzo la investigación está suspendida (…) dejando a los investigadores limitados para continuar pues nos está prohibido emitir auto alguno cuando la investigación se encuentra en ese estado”.

La situación se originó tras la presentación de dos recusaciones: la primera, el 25 de febrero, por parte de la ciudadana Ana María Medina Polo contra el representante Uribe, y la segunda, el 9 de abril, interpuesta por Alberto Miguel Restrepo contra Uribe y Arizabaleta.

Aunque los autos que rechazan ambas recusaciones fueron emitidos el 5 de marzo y el 9 de mayo, respectivamente, el Pleno de la Comisión aún no las ha discutido ni votado, lo que impide avanzar en la investigación.