Denuncian traslado irregular de alias Pipe Tuluá: abogado asegura que el cabecilla de La Inmaculada podría estar en peligro

Felipe Ramírez, abogado de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, denunció presuntas irregularidades en el traslado de su cliente dentro del sistema penitenciario colombiano.

Según el jurista, estos movimientos no han sido debidamente justificados por las autoridades y podrían poner en riesgo la seguridad de Marín Silva.

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Además, Ramírez alertó sobre la falta de atención frente a la información que su defendido asegura poseer sobre un supuesto plan para atentar contra Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, quien hace parte de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y estructuras armadas.

El abogado señaló que el traslado, realizado hace un mes, fue interpretado inicialmente como un intento de fuga, lo cual calificó como una falsedad. “Eso es totalmente falso, declaró en W Radio.

Lo único cierto en esa fecha fue la notificación de una orden de extradición emitida por Estados Unidos”, afirmó. Según Ramírez, el movimiento fue justificado oficialmente por razones de seguridad, pero no se han entregado detalles claros ni garantías para su defendido.

Marín Silva, señalado como cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada, permanece actualmente recluido en un pabellón externo de máxima seguridad, espacio que, según su defensa, no cuenta con las condiciones mínimas necesarias para respetar los derechos humanos de los internos.

“No existen las condiciones estructurales ni el personal suficiente para garantizar los derechos constitucionales de Marín Silva”, indicó el abogado.

Ramírez aseguró que su cliente ha sido sometido a un aislamiento absoluto, sin posibilidad de recibir visitas de carácter confidencial ni conyugal, y con restricciones en el acceso a servicios de salud. También afirmó que se le han vulnerado sus derechos a la igualdad y a un trato digno.

“Está completamente aislado. No puede recibir ni siquiera la visita de su defensor en condiciones de confidencialidad”, dijo.

En medio de este contexto, el abogado reveló un hecho que agrava aún más la situación: su cliente habría alertado sobre un plan en curso para asesinar a alias Araña, uno de los representantes de grupos armados que participan en las negociaciones con el Gobierno.

Según el testimonio entregado por Ramírez, los hechos ocurrieron el 12 de mayo en la cárcel La Picota, cuando Marín Silva descubrió a dos ciudadanos venezolanos, supuestos miembros del grupo criminal Tren de Aragua, que portaban un arma de fuego.

“Pipe descubrió a estos dos individuos con una pistola. Al ser requisados, confesaron que planeaban atentar contra ”Araña"”, relató el defensor. Añadió que, tras el hallazgo, su cliente informó de inmediato al director del penal, quien ordenó el aislamiento de los dos venezolanos implicados.

Al día siguiente, el director de La Picota visitó a Marín Silva para obtener más detalles, y este le comunicó que tenía la pistola en su poder y estaba dispuesto a entregarla, junto con toda la información relevante.

No obstante, desde entonces, ninguna autoridad se ha acercado a recibir el arma ni a tomar la declaración formal del detenido.

“Mi cliente sigue insistiendo, dice que la disposición está, que sigue dispuesto a entregar el arma que sigue en La Picota y a dar la información, pero ninguna autoridad se ha acercado a preguntarle qué fue lo que pasó”, denunció Ramírez.

El abogado cuestionó duramente el silencio institucional ante una situación que, según dijo, podría comprometer la seguridad de un delegado de paz. “Al parecer esto no es creíble o simplemente lo ignoran y dejan en silencio esta situación”, expresó.

Además, subrayó que su defendido mantiene la voluntad de colaborar con las autoridades y de acogerse a un proceso de paz.

“Toda la información sobre quién estaría detrás del intento de asesinato contra ‘Araña’ la tiene ‘Pipe Tuluá’”, aseguró, y reiteró que la omisión de las autoridades representa no solo un riesgo para las partes en diálogo, sino también una oportunidad perdida para esclarecer hechos de alto impacto criminal.

Hasta el momento, ni el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ni el Ministerio de Justicia han respondido públicamente a las denuncias del abogado.

Tampoco se ha confirmado si alguna autoridad judicial ha iniciado una verificación de los hechos relatados por Marín Silva a través de su defensa.

La situación se produce en un momento crítico para el proceso de paz con estructuras criminales, en el que la protección de los delegados y la credibilidad de los canales de información son elementos clave para el avance de los diálogos.