Nuevo bloqueo de líderes de la comunidad emberá en Bogotá: Secretario de Integración Social denunció el impedimento para la atención a menores

A través de sus redes sociales, el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, advirtió que líderes de la comunidad emberá impidieron los servicios para los niños y adolescentes, asentados en el Parque Nacional, en Bogotá.

El nuevo bloqueo por parte de voceros de la comunidad ocurrió el martes 1 de julio, quienes bloquearon nuevamente que los menores abordaran las rutas de transporte dispuestas por el Distrito.

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“Los derechos de los niños y niñas no son negociables ni transables, señores voceros”, expresó el secretario en su cuenta de X.

En su publicación, el funcionario adjuntó el comunicado oficial, en el que se explicó que desde el 19 de mayo, alrededor de 350 niños y adolescentes de la comunidad emberá permanecen asentados en el Parque Nacional de Bogotá, “de los cuales un promedio de 132 han venido asistiendo regularmente, desde el 22 de mayo, a los servicios del Centro Amar y Centro Abrazar de la Secretaría Distrital de Integración Social (Sdis)”.

Fue así como el martes 1 de julio, los líderes de la comunidad emberá restringieron que los menores accedieron a los vehículos de la Alcaldía: “Argumentaron que no autorizaron el traslado mientras la Unidad para las Víctimas, entidad del Gobierno nacional, no cumpla con la entrega de mercados ofrecidos”, agregó el documento.

Como consecuencia, solo 13 menores accedieron a los servicios: siete de primera infancia al Centro Abrazar y seis de infancia al Centro Amar, con autorización específica de sus familias.

Entre líneas, el Distrito explicó que el artículo 44 de la Constitución Política y la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) establecen de manera explícita que: el interés superior del niño y la niña debe prevalecer en todas las actuaciones, y ninguna situación puede justificar la utilización de sus derechos como mecanismo de presión o negociación.

De esta manera, para la Administración Distrital, “la garantía de los derechos de niñas y niños, al ser de interés prioritario, no deben estar sujetos a ninguna exigencia transaccional pues afecta directamente a esta población al impedir su acceso a servicios esenciales como educación, alimentación, protección y un entorno seguro“, agregó el comunicado.

La Administración Distrital recordó que la asistencia a los Centros Amar y Abrazar contribuye a prevenir problemáticas como la mendicidad, el acompañamiento laboral, el trabajo infantil y otras formas de vulneración de derechos.

Finalmente, el Distrito hace un llamado urgente “a garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y reitera su disposición de continuar brindando transporte, alimentación y la atención especializada en cada uno de los servicios para salvaguardar sus derechos“.

Otro bloqueo

La atención social dirigida a comunidades indígenas en Bogotá atravesó una serie de obstáculos durante los días 5, 6 y 7 de abril de 2025 en los alojamientos temporales de La Florida y La Rioja.

Según indicó la Alcaldía de Bogotá, voceros de estas comunidades impidieron el ingreso de funcionarios del Puesto de Mando Unificado (PMU) y la Secretaría Distrital de Integración Social, generando dificultades en la prestación de servicios esenciales, especialmente para la población infantil y adolescente.

Las acciones de los líderes comunitarios restringieron el acceso del personal encargado de los servicios sociales, lo cual tuvo un impacto directo en la asistencia destinada a los niños, niñas y adolescentes presentes en ambos albergues temporales.

De acuerdo con información del Distrito, estos grupos conforman el núcleo prioritario de atención dentro de los programas de ayuda implementados en esos espacios.

La Consejería de Paz de Bogotá manifestó su inquietud ante las limitaciones de acceso impuestas por los voceros de las comunidades indígenas en cuestión. La entidad expresó en un comunicado que estas restricciones han bloqueado la continuidad de los servicios sociales esenciales para salvaguardar los derechos fundamentales de la población menor de edad.