Con la firma de un acuerdo de financiación entre Corantioquia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), se puso en marcha oficialmente el proyecto llamado “Sembremos Confianza”, una ambiciosa estrategia ambiental y social que busca restaurar ecosistemas degradados por décadas de actividades ilegales en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.
La inversión anunciada asciende a 1.660 millones de dólares, y se ejecutará durante los próximos 15 meses con el apoyo de diversas entidades nacionales e internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), la Misión de Verificación de la ONU, el Fondo Multidonante y la Mesa de Paz.
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La iniciativa impactará a más de 183.000 personas en siete municipios priorizados: Anorí, Briceño, Ituango, El Bagre, Segovia, Valdivia y Yarumal. Todos estos territorios han sido históricamente afectados por la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la deforestación, factores que han vulnerado tanto la estabilidad ecológica como el tejido social de estas comunidades.
Restauración ecológica, economías lícitas y empoderamiento comunitario
El proyecto “Sembremos Confianza” se ha venido consolidando desde 2024 como un modelo de desarrollo alternativo que articula la restauración ambiental con la transformación social del territorio. La directora general de Corantioquia, Liliana María Taborda González, ha sido una de sus principales impulsoras, destacando la necesidad de atraer recursos nacionales e internacionales para intervenir zonas clave del departamento.
Dentro de los objetivos específicos se encuentra la restauración ecosistémica, que se implementará a través de la plantación de individuos vegetales y la recuperación de hectáreas de bosque nativo. Además, se promoverá la generación de economías lícitas, mediante el fortalecimiento de 21 asociaciones locales que impulsarán productos como cacao, plátano y miel, generando alternativas sostenibles al uso del suelo.
Uno de los ejes centrales será el empoderamiento comunitario con enfoque de género. Según Taborda, más del 20% de los beneficiarios directos serán mujeres, muchas de ellas víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar o desplazadas.
“No solamente vamos a trabajar de manera social con las comunidades, sino que vamos a generar acciones para recomponer este ecosistema que históricamente ha sido golpeado, vulnerado y que ha generado desconexiones por la tala indiscriminada que tenemos de árboles, por ejemplo, en esa zona tan fundamental, no solamente como corredor del jaguar, sino de otras especies fundamentales que transitan por ahí, como el tití gris”, señaló la directora.
Financiamiento y acompañamiento internacional
El respaldo financiero del proyecto proviene de fondos multilaterales y organismos de cooperación internacional, lo que permite su ejecución integral en los territorios priorizados. “Esta es la materialización de que, efectivamente, para lograr la paz se requieren cosas fundamentales como sembrar confianza entre los ciudadanos, los campesinos y las institucionalidades, pero también no podemos olvidar que en donde tenemos estas situaciones de violencia histórica por años, también tenemos dificultades ecosistémicas”, enfatizó Taborda.
Asimismo, resaltó que “tenemos la mirada de todos los organismos internacionales y no nos podemos equivocar”, subrayando que “Sembremos Confianza” es el primer proyecto de transformación de alcance territorial que pasa de la planificación a la ejecución real.
Supervisión estatal y coordinación interinstitucional
La directora de Corantioquia destacó el papel activo del Gobierno nacional en este proceso. La Mesa de Diálogo por la Paz será uno de los escenarios clave para hacer seguimiento a la ejecución del proyecto; además, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz actuará como observador, gestor y aliado estratégico, lo que permitirá garantizar que los objetivos del proyecto se cumplan conforme a los principios que lo inspiran.
“Sembremos Confianza”, puntualizó Taborda, representa un esfuerzo colectivo sin precedentes en Antioquia, que articula el desarrollo sostenible, la paz territorial y la justicia ambiental. A través de acciones integradas en restauración, producción sostenible y empoderamiento ciudadano, se busca no solo recuperar los ecosistemas afectados, sino también transformar las condiciones estructurales de exclusión y violencia que han marcado a estas regiones.
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