La nueva reforma laboral dio un paso decisivo al incorporar importantes mejoras para los aprendices del Sena. Con la aprobación del artículo 23 por parte del Senado el 17 de junio, se introducen cambios sustanciales en los contratos de aprendizaje que transforman de raíz el modelo vigente.
Ahora, los aprendices contarán con el 75 % del salario mínimo durante la fase teórica, equivalente a $1.067.625, y el 100% en la etapa práctica, es decir, $1.423.500 para 2025. Esto representa un gran avance frente al esquema anterior, en el que recibían solo el 50% y el 75%, respectivamente.
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Más allá del aumento salarial, el artículo establece que estos contratos serán reconocidos como laborales, lo que garantizará la cotización del aprendiz en salud, pensión, ARL, además de incluir vacaciones y prima. Estas modificaciones suponen un reconocimiento formal del esfuerzo y la dedicación de los jóvenes en formación.
El Sena celebró con entusiasmo la noticia a través de su cuenta en X, calificándola como un “histórico triunfo de los aprendices”. En esa misma línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó en redes: “Una noticia histórica. Las y los aprendices del Sena tendrán contrato laboral… Un derecho que se les quitó en 2003 y que ahora lo recuperamos… Le estamos cumpliendo a las y los jóvenes de Colombia”. Estas palabras reflejan la relevancia del reconocimiento, no solo se promueve la formación técnica, sino que se otorga estabilidad y protección social.
Sin embargo, la medida no fue acogida sin críticas. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó su preocupación de que el contrato laboral podría desincentivar la generación de oportunidades. Según ella: “El contrato de aprendizaje no es laboral, es una obligación del Estado. Si lo vuelven contrato laboral, muchas empresas van a monetizar y miles de jóvenes perderán su oportunidad de aprender y trabajar”. Su argumento alerta sobre un posible efecto adverso en la contratación, obligando a replantear la implementación.
Esta discusión refleja dos visiones, mientras el Gobierno y el Sena defienden el cambio como un avance social, algunos sectores empresariales y políticos advierten que podría encarecer la inserción laboral de los aprendices.
Desde una perspectiva más amplia, esta reforma hace parte del intento de fortalecer las condiciones laborales juveniles en Colombia. Convertir estos contratos en laborales no solo reconoce la contribución activa de los aprendices, sino que les otorga derechos que históricamente fueron limitados.
Para que los aprendices puedan aprovechar estas nuevas ventajas, el Ministerio del Trabajo y el Sena tendrán que diseñar protocolos claros sobre cómo implementar el sistema de cotización, definir los mecanismos de control y proteger los recursos para poder cotizar efectivamente. También será crucial asegurar que la transición no reduzca la oferta de plazas por parte de las empresas.
Por otra parte, el impacto sobre el mercado laboral debe evaluarse con detenimiento. El aumento de costos para las empresas al incorporarse como patrones oficiales podría frenar su disposición a contratar aprendices, especialmente en sectores sensibles a los precios.
No obstante, los beneficios para los jóvenes son evidentes, acceso formal a la seguridad social, pago justo según la etapa de formación y reconocimiento legal. En un escenario económico marcado por dificultades para acceder a empleo, estas mejoras podrían marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de los aprendices.
El gobierno, por su parte, ya anunció que la medida busca equilibrar la relación entre formación y trabajo, evitando que los aprendices queden en una especie de limbo contractual sin derechos. La ministra de Trabajo y el director del Sena tendrán el reto de ejecutar la reforma de forma eficiente, equilibrada y sin reducir espacios de aprendizaje.
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